1997-2015 Leyes de minería de Guatemala y sus modificaciones [Cerro Blanco]

La industria minera en Guatemala se rige, entre otros, por la Ley General de Minería. Esta ley se aprobó inicialmente en 1997, tras un proceso de paz que puso fin al conflicto interno de 1960-1996. Fue criticada por algunos grupos legales y de la sociedad civil guatemalteca por crear una baja tasa de regalías del 1% y por no establecer un procedimiento sólido en relación con, entre otras cosas, los requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental y los mecanismos de consulta para las comunidades directamente afectadas. También se criticaron las incoherencias entre los requisitos de la Ley de Protección del Medio Ambiente y el proceso de aprobación de licencias mineras en virtud de la Ley General de Minería (Ardon, 2017).

En 2006, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso preparó un proyecto de modificaciones a la Ley de Minería. Inicialmente, las modificaciones contemplaban la prohibición de que las empresas presentaran evaluaciones de impacto ambiental fragmentadas o parciales que solo informaran sobre el impacto de partes o fases de un proyecto, en lugar del proyecto en su conjunto. Esta cuestión se planteó en el contexto de los procesos de aprobación de licencias para el proyecto Cerro Blanco y la preocupación de que el impacto ambiental del proyecto no se considerara adecuadamente. Sin embargo, las últimas reformas propuestas no contenían ningún texto relativo a este tipo de evaluaciones fragmentadas. No se contemplaban los requisitos para los estudios ambientales, aparte de que los estudios de mitigación debían presentarse pero no tenían que ser aprobados para que se considerara la licencia (Ibid).

En 2012/2013 se introdujeron nuevas modificaciones, tras una moratoria de cuatro años sobre la minería derivada de un recurso de inconstitucionalidad que prosperó en 2008. Estas modificaciones formaban parte de un paquete de reformas constitucionales más amplio y pretendían permitir que el Estado se convirtiera en accionista de todas las empresas que extrajeran recursos naturales. El proyecto de ley fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad tras un segundo recurso de inconstitucionalidad en 2012 relacionado con supuestas violaciones del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en relación con las actividades mineras (Ver Acción Legal titulada “2008-2013 Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes mineras de Guatemala [Cerro Blanco]“, para obtener más detalles). También en 2012, el gobierno guatemalteco llegó a un acuerdo con las empresas mineras y se estableció un proceso para el pago de “regalías voluntarias” por encima de las exigidas por la ley (Plaza Pública, 2012).

En 2014, el gobierno guatemalteco intentó aumentar la tasa de regalías mineras obligatorias del 1% al 10%. Los grupos de la industria se opusieron a este aumento por considerar que podía perjudicar el atractivo de Guatemala para los inversores de la industria extractiva. El aumento fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad en una acción presentada, entre otros, por la Cámara de Agricultura, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el jefe del Bloque Legislativo del Congreso del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Cámara de Industria y el alcalde del municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos (donde se encuentra la mina Marlin). La acción fue concedida en septiembre de 2015, por lo que se declaró inconstitucional el aumento de las regalías (Corte de Constitucionalidad, 2015).