2005- Procesos de Consultas Comunitarias [Cerro Blanco]

Entre 2005 y 2016, aproximadamente 80 consultas comunitarias, también conocidas como consultas populares, se llevaron a cabo en toda Guatemala, lo que tuvo como resultado que en una gran mayoría de ciudadanos votaran en contra de la minería y otras actividades comerciales en sus territorios (Ardon, 2016). El “movimiento de consulta” en Guatemala comenzó en 2005 como respuesta a un proyecto hidroeléctrico en Río Hondo, Zacapa, y fue rápidamente adoptado por las comunidades afectadas por la Mina Marlin (Laplante & Nolin, 2014). Las comunidades recurrieron al proceso de consulta como un mecanismo democrático y pacífico para participar en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos que afectan a sus comunidades (Guatemala Communitaria, 2016). El proceso se basa en leyes nacionales, como el Código Municipal de Guatemala, y los derechos de consulta y participación consagrados en instrumentos internacionales, como el Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ibid). En particular, el Convenio 169 de la OIT requiere que los estados contratantes (incluida Guatemala) obtengan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas antes de continuar con actividades comerciales en sus territorios o que impacten en ellos, y que el proceso para obtener dicho consentimiento debe seguir los costumbres propias de las comunidades (Walter y Urkidi, 2016).

En algunos casos, por ejemplo, consultas relacionadas con los proyectos de la mina Marlin y Escobal, el proceso también se rige por el derecho indígena y las estructuras de gobernanza comunitaria, y se ha descrito como “democracia directa indígena” (Imai, 2007; Abott, 2014; NISGUA , 2016). Según el profesor Shin Imai, “[d]esde la perspectiva indígena, la autoridad y jurisdicción para actuar no surge de la legislación guatemalteca. La autoridad surge de los derechos inherentes a ser un pueblo indígena” (Imai, 2007). Algunos informes indican que el gobierno guatemalteco ha “hecho pocos esfuerzos para escuchar las preocupaciones y decisiones de la comunidad” expresadas a través del proceso de consulta y, en algunos casos, ha tomado “medidas para limitar el derecho de consulta” (Abott, 2014). Si bien se deben tomar en cuenta los resultados de los procesos de consulta comunitaria, la Corte de Constitucionalidad concluyó que las consultas populares no son vinculantes para el gobierno ni otorgan poder de veto a las comunidades afectadas (Corte de Constitucionalidad, 2016). No obstante, las organizaciones indígenas y otras organizaciones comunitarias continúan dependiendo de los derechos de consulta y participación legalmente reconocidos para cuestionar la validez de las licencias mineras en todo el país.

Cabe destacar que en abril de 2018, la Comisión de Trabajo del Congreso de Guatemala anunció que comenzaría a analizar un anteproyecto de ley sobre los procedimientos propuestos para la consulta con los pueblos indígenas. El mismo mes, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos de Occidente (CPO) anunció que había iniciado una acción ante la Corte de Constitucionalidad impugnando este proyecto de ley por, entre otras cosas, violar los derechos indígenas a la consulta y la autodeterminación. El grupo cuestiona si es necesaria una ley formal que regule los procesos de consulta indígena, señalando que existen más de 30 decisiones de la Corte de Constitucionalidad que establecen que la inexistencia de este tipo de leyes no es un obstáculo para el cumplimiento del derecho a la consulta por parte del Estado. En el momento de redactar este informe (septiembre de 2018), no se han informado novedades sobre esta propuesta de ley.

Con respecto al proyecto Cerro Blanco, la primera consulta comunitaria en el departamento de Jutiapa (donde se ubica el proyecto) se llevó a cabo en 2016, tres años después de que Goldcorp Inc. suspendiera el proyecto. La consulta comunitaria se realizó en el municipio de Quesada, en la cual el 99% de los participantes votó en contra del proyecto minero en la zona. Desde entonces, el proyecto se vendió a Bluestone Resources Inc., que está en proceso de completar sus estudios de factibilidad. La empresa afirma que “no hay grupos indígenas que vivan alrededor del proyecto [Cerro Blanco]”, apoyándose en esta posición para argumentar que el riesgo político de su proyecto es menor que el de proyectos similares, como Escobal. Sin embargo, según una entrevista realizada en el marco del proyecto Las Culturas Legales del Subsuelo con la Asociación de Vecinos de Asunción Mita para la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza (Avedevida), algunos miembros de la comunidad indígena Xinka viven en Asunción Mita.