2018 Proyecto de ley sobre los procedimientos de consulta indígena y recurso de amparo presentado por el CPO

En marzo de 2018, la Comisión de Trabajo del Congreso de Guatemala anunció que comenzaría a analizar un proyecto de ley sobre los procedimientos propuestos para la consulta con los pueblos indígenas (Congreso de Guatemala, 2018). Al mes siguiente, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos de Occidente (CPO) anunció que había iniciado una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad impugnando este proyecto de ley por, entre otros aspectos, violar los derechos indígenas a la consulta y la autodeterminación. La acción cuestionó que sea necesaria una ley formal que regule los procesos de consulta indígena, señalando que existen más de 30 sentencias de la Corte de Constitucionalidad que establecen que la inexistencia de este tipo de leyes no es un obstáculo para el cumplimiento del derecho a la consulta por parte de los funcionarios del Estado (Consejo de Organizaciones Mayas de Occidente (CPO), 2018).

El proyecto de ley surgió de una historia de decisiones nacionales e internacionales que critican la falta de procedimientos formales de consulta con los pueblos indígenas antes de la aprobación de proyectos de desarrollo, como los proyectos mineros. La Corte de Constitucionalidad resumió esta historia en una decisión de 2017 que involucraba a dos proyectos de presas hidroeléctricas propiedad de empresas guatemaltecas, Oxec S.A. y Oxex S.A. II. En esta decisión, el tribunal enfatizó que la creación de una ley especial que regule los procesos de consulta interna es una de las obligaciones de Guatemala en virtud del Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, señalando que esta posición también había sido expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y reiteradamente por la Organización Internacional del Trabajo (Ver las Acciones Legales tituladas “2007 Petición y medidas cautelares de la CIDH sobre la autorización de la mina Marlin y las comunidades mayas“, “2011 Visita al país del Relator Especial para los Pueblos Indígenas sobre la situación de sus derechos humanos y las libertades fundamentales” y “2010-2015 OIT critica a Guatemala por minería y comunidades indígenas [Marlin]” para obtener más detalles).

La Corte añadió que habían pasado casi diez años desde la publicación de su primera decisión sobre esta cuestión, lo que consideró un tiempo suficiente y razonable para que el gobierno hubiera establecido un marco legislativo para los procedimientos de consulta con los pueblos indígenas. Concluyó que la falta de desarrollo de estos procedimientos por parte del Congreso Nacional había contribuido a crear un clima de desconfianza entre los pueblos indígenas que se ven afectados por los proyectos de desarrollo y sus inversores. La falta de claridad sobre el alcance del derecho a la consulta también afecta a los derechos de los inversores que asumen el riesgo financiero de invertir en el país. En consecuencia, el tribunal ordenó la creación de directrices políticas generales que establezcan las normas aplicables para el cumplimiento de los derechos indígenas a la consulta (Corte de Constitucionalidad, 2017).

Aunque esta decisión se divulgó poco antes del cierre del proyecto de la mina Marlin, tanto esta como otra sentencia clave de la Corte de Constitucionalidad en 2018 (ver el proyecto Escobal) tienen importantes consecuencias para los derechos de consulta de todos los pueblos indígenas de Guatemala. Asimismo, estos derechos siguen siendo materia de debate durante los procesos de cierre y recuperación de los proyectos mineros.

En el momento de redactar este informe (octubre de 2021), a pesar de varias iniciativas del Congreso de Guatemala para promulgar una ley que regule los procedimientos de consulta, no ha surgido una nueva ley en línea con las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.