2019 Reunión en el Congreso para interpelar a funcionarios de gobierno sobre Cerro Blanco

En diciembre de 2019, un diputado guatemalteco convocó una reunión de trabajo en el Congreso de Guatemala para interpelar formalmente a los Ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud sobre los impactos en la salud y el medio ambiente de la mina Cerro Blanco y los planes de Bluestone Resources para reactivar el proyecto.

La reunión fue convocada de acuerdo con las potestades legales del diputado como miembro del Congreso para interrogar formalmente a los ministros de Estado y obtener información sobre temas de interés. También participaron miembros de la sociedad civil y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Algunos representantes del municipio de Asunción Mita (Departamento de Jutiapa), incluido el Colectivo Madreselva, argumentaron que la mina estaba provocando altos niveles de arsénico en los suministros de agua y constituía una amenaza para la salud de las poblaciones locales y de las poblaciones vecinas de El Salvador. También sostuvieron que la concesión era ilegal ya que la EIA emitida en 2007 no incorporó elementos clave, como el impacto en los cursos de agua, las consecuencias ambientales y de salud más amplias, y la seguridad de los trabajadores mineros, todos los cuales eran necesarios para un análisis integral de los impactos de la mina.

Las autoridades estatales rechazaron estos y otros argumentos, afirmando que el Estudio de Impacto Ambiental original era legal y válido. Sin embargo, no proporcionaron ninguna información sobre los planes de Bluestone Resources para la mina y, según se informa, afirmaron que no habían recibido ninguna información de Bluestones Resources o Entre Mares sobre las medidas que se estaban tomando para reactivar la mina.

La reunión de trabajo en el Congreso fue convocada por el diputado en base a la Ley Orgánica del Órgano Legislativo de Guatemala. Establece la facultad de los congresistas de solicitar información a los funcionarios públicos y la obligación de éstos de responder, así como la facultad de exigir a los Ministros de Estado que asistan personalmente al Congreso para responder a interrogatorios formales bajo pena de perjurio. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con miembros del Congreso interesados en asuntos ambientales han utilizado estas potestades legales para asegurar la participación de altos funcionarios en reuniones en las que miembros de las comunidades afectadas y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos también están presentes para presenciar las respuestas oficiales. La falta de respuesta veraz expone potencialmente al funcionario público a una denuncia legal formal de perjurio. Este mecanismo sigue siendo uno de los pocos disponibles para interrogar oficialmente a los funcionarios públicos en relación con temas específicos, como los proyectos extractivos.