2020 Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras

En noviembre de 2020, la situación de derechos humanos de Honduras fue examinado por el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por tercera vez. El proceso de revisión implicó la presentación de informes de ONGs y otros expertos, así como el informe del Estado de Honduras sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Una alianza de ONGs hondureñas, la Coalición contra la Impunidad, presentó un informe para informar a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre una amplia gama de preocupaciones de derechos humanos, entre las cuales se destacó el papel de las industrias extractivas en los abusos cometidos contra las comunidades indígenas y campesinas, entre ellas los defensores de derechos humanos encarcelados en relación con el proyecto minero ASP1 & ASP2. El informe de la ONG afirma que:

“33. El modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno ha producido conflictos socioambientales en proyectos extractivos y energéticos. Las comunidades indígenas y campesinas que han ejercido acciones de resistencia frente a los proyectos extractivos sufren persecución política, criminalización, atentados contra la vida y la integridad física y psicológica. El Estado ha tomado medidas para limitar el acceso a la información a los estudios de impacto ambiental, contribuyendo así a la secretividad en los proyectos extractivos y energéticos. 

34. Uno de los casos más emblemáticos es el de Guapinol, comunidad que ha ejercido acciones de resistencia desde 2013 frente a proyectos mineros en Tocoa. El proyecto se ha desarrollado a pesar de la oposición casi unánime de las comunidades. Se registran acciones de persecución, acoso, estigmatización, violencia física y psicológica por parte de autoridades estatales nacionales y locales. 12 defensores(as) fueron llevados a los tribunales, con acusaciones de usurpación, daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado. Su causa fue sobreseída luego de un proceso plagado de irregularidades. Posteriormente, 7 defensores(as) se presentaron voluntariamente a los juzgados, donde se les dictó la medida de prisión preventiva, con la clara intención de amedrentar a los(as) muchos(as) defensores(as) que luchan contra el modelo extractivo en el país. 

35. El caso de Guapinol ilustra la ausencia de consulta previa, libre e informada en los proyectos extractivos, a pesar de que Honduras ya ratificó el convenio 169 de la OIT. El anteproyecto de Ley de Consulta Previa se ha redactado con una baja participación de organizaciones representantes de los pueblos indígenas, y su contenido es perjudicial para los pueblos indígenas disminuyendo las obligaciones del Estado contenidas en el Convenio “.

En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el informe del grupo de trabajo sobre Honduras, que condensa las preocupaciones y recomendaciones planteadas por los miembros del Consejo en el proceso de revisión por pares. Las recomendaciones incluyeron:

“104.40 Establecer mecanismos de consulta y de denuncia accesibles, transparentes y eficaces para las comunidades afectadas por los proyectos mineros y comerciales (Malasia);

104.71 Llevar ante la justicia y castigar efectivamente a los autores de agresiones y asesinatos de defensores de los derechos humanos, como el reciente asesinato del defensor del medio ambiente de Guapinol (Francia);

104.78 Intensificar los esfuerzos para garantizar la independencia del sistema judicial, fortaleciendo la investigación y el enjuiciamiento de los actos de corrupción y de las violaciones de los derechos humanos, e impedir la criminalización de los defensores de los derechos humanos y los activistas comunitarios e indígenas para garantizar que puedan actuar en un entorno seguro (Canadá);

104.81 Asegurar la investigación y el enjuiciamiento de los autores de las presuntas violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado de 2009 y de los autores intelectuales y financieros del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres (Costa Rica); hacer frente sin demora a la impunidad de los ataques contra los defensores de los derechos humanos y periodistas (Japón); adoptar medidas concretas para garantizar el respeto y la protección de la labor de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así como para asegurar que se investiguen los delitos cometidos contra ellos y se castigue a los responsables de manera eficaz e imparcial (Ecuador);”