1997-2015 Leyes de minería de Guatemala y sus reformas [Escobal]

La industria minera en Guatemala se rige, entre otras, por la Ley General de Minería. Esta ley fue aprobada inicialmente en 1997, luego de un proceso de paz que puso fin al conflicto interno de 1960-1996. Algunos grupos de abogados y de la sociedad civil guatemaltecos la criticaron por crear una tasa de regalías baja del 1% y no establecer un procedimiento sólido en relación con los requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental y los mecanismos de consulta para las comunidades directamente afectadas, entre otros. También se criticaron las inconsistencias entre los requisitos de la Ley de Protección Ambiental y el proceso de aprobación de licencias mineras de la Ley General de Minería.

En 2006, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso preparó un proyecto de reforma a la Ley de Minería. Inicialmente, las modificaciones contemplaron prohibir que las sociedades presenten evaluaciones de impacto ambiental fragmentadas o parciales que solo informaran sobre el impacto de partes o fases de un proyecto, en lugar del proyecto en su totalidad. Esta cuestión se planteó en el contexto de los procesos de aprobación de licencias para el proyecto Cerro Blanco y la inquietud acerca de que el impacto ambiental del proyecto no se consideró de forma adecuada. Sin embargo, las últimas reformas propuestas no incluían referencias a este tipo de evaluaciones fragmentadas. No se contemplaron los requisitos para los estudios ambientales, aparte de que debían presentarse estudios de mitigación pero no debían ser aprobados para que se considerara la licencia.

Se realizaron modificaciones adicionales en 2012/2013, luego de una paralización de cuatro años en la minería derivada de un recurso de inconstitucionalidad exitoso en 2008. Estas modificaciones fueron parte de un paquete de reforma constitucional más amplio y pretendían permitir que el Estado se convierta en accionista de todas las sociedades que extraen recursos naturales. El proyecto de ley fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad luego de un segundo recurso de inconstitucionalidad en 2012 en relación con presuntas violaciones al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en materia de actividades mineras (ver Acción Legal “Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de minería de Guatemala“). También en 2012, el gobierno guatemalteco celebró un acuerdo con las mineras para establecer un proceso de pago de “regalías voluntarias” por encima de las exigidas por la ley.

En 2014, el gobierno guatemalteco buscó aumentar la tasa de regalías minera obligatoria del 1% al 10%. Los grupos industriales se opusieron a este aumento porque corría el riesgo de dañar el atractivo de Guatemala para los inversionistas de la industria extractiva. El aumento fue nuevamente impugnado en la Corte de Constitucionalidad en virtud de un recurso interpuesto, entre otros, por la Cámara de Agricultura, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el jefe del Bloque Legislativo del Congreso del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Cámara de Industrias y el alcalde del municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos (ubicación de la Mina Marlin). El recurso fue acogido en septiembre de 2015, por lo que se declaró inconstitucional el aumento de regalías.

En 2016, la Corte de Constitucionalidad reconoció en varias sentencias la insuficiencia de la Ley de Minería para garantizar determinados derechos de forma adecuada, inclusive el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas (ver Acciones Legales “2017 Suspensión judicial de las licencias mineras de Tahoe” y “2005 Procesos de consulta comunitaria [Escobal]”. Como resultado de esas sentencias, se llevaron a cabo medidas legislativas para reformar o redactar nuevamente la Ley de Minería. No obstante, al momento de escribir el presente informe (setiembre de 2021), el Congreso de Guatemala continúa deliberando sobre los borradores de proyectos para una nueva ley de minería. (BN Americas, 2021)