1997-2017 Leyes de minería y leyes relacionadas con la minería de Nicaragua

En 2001, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley que regula la minería, la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (No. 387) y su reglamento (Decreto No. 119-2001). En años posteriores, se han promulgado nuevas leyes que regulan el vertido de aguas residuales (Reglamento que establece Normas para el Vertido de Aguas Residuales – Decreto N° 21-2017), y sobre los procedimientos relacionados con las concesiones mineras (Formato de Concesiones Mineras – Acuerdo Ministerial 533-RN -MC-2006).

Estas leyes también se han complementado con los requisitos de la Ley General de Aguas (No. 620), la Ley General del Ambiente y Recursos Naturales (No. 217) y la Ley Especial sobre Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (No. 559) (Pérez 2016, Base de datos ECOLEX). Las evaluaciones y permisos de impacto ambiental se rigen por el Decreto No. 20-2017 de Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales (Decretos derogados Nos. 76-2006 y 15-2017, Base de Datos FAOLEX).

En 1997, en el momento en que la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (No. 387) se encontraba en trámite de aprobación legislativa, el Centro Humboldt emitió un comunicado expresando oposición al proyecto de ley por las siguientes razones, entre otras: (1) la consulta insuficiente, en particular con los potenciales nuevos distritos mineros y un lenguaje altamente técnico que era difícil de entender y no tenía en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas en los pocos sectores consultados; (2) la participación de la pequeña minería fue tratada como un asunto tangencial, y se ignoró la importancia de este sector; (3) la naturaleza contradictoria e incongruente de algunos de los aspectos ambientales de la ley; (4) el conflicto con el Código Municipal en la medida en que vicia la autonomía municipal e indígena; y (5) la ley otorgó primacía a la industria minera sobre otras industrias económicas, como la agrícola y la ganadería (Centro Humboldt, 1997). Estas inquietudes también fueron expresadas y apoyadas por otras organizaciones ambientales, como ADUN – Matagalpa, el Movimiento por la Paz, Acción Forestal y el Ambiente (MOPAFMA), el Colegio de Biólogos y Ecologistas de Nicaragua (COBEN), la Fundación Nicaragüense para la Conservación. y Desarrollo (FUNCOD), y el Club Juvenil Ambientalista (CJA), junto con organizaciones representativas del sector minero, como el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desocupadas de El Limón, León, la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RAAN), y la Organización Pro-Desarrollo Comunal Oscar Lino Paz Cubas (OPRODECO) (Ibid).

Además, en 2017, el gobierno nicaragüense aprobó una nueva ley, denominada Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) (No. 953), mediante la cual el gobierno reservó más del 12% del territorio nacional para las operaciones mineras. El Instituto de Investigación Estratégica y Políticas Públicas (IEEPP) y el Centro Humboldt expresaron su preocupación sobre si el Estado, a través de empresas estatales, debería involucrarse en la industria minera. Según un investigador del IEEPP, estas áreas ahora estarían disponibles para exploración y explotación por parte de capitales privados sin pagar impuestos a ningún nivel (IEEPP, 2017).