1997 Promulgación del Tratado de Ejecución del Plan Trifinio

En 1987, una propuesta de larga data se desarrolló en un acuerdo entre El Salvador, Honduras y Guatemala para establecer la Reserva de la Biosfera transnacional en el bosque nuboso que cubre el macizo de Montecristo, que se encuentra en la frontera de los tres países. La región alberga una flora y fauna raras, además de ser la zona de captación de tres de los principales cursos de agua de América Central, incluido el río Lempa.

El acuerdo inicial estableció la Comisión Transnacional del Plan Trifinio para promover el desarrollo en la región, así como proteger el bosque y la biodiversidad. Trifinio es el término geográfico español para un lugar donde convergen tres fronteras. En noviembre de 1987, los tres países emitieron la “Declaración de la Reserva Internacional de la Biósfera de la Fraternidad (Trifinio)” y en 1998 el Plan de Desarrollo Regional Fronterizo Trinacional Trifinio. Estos establecieron el marco para el desarrollo de la región, que recibió el apoyo de, entre otros, la OEA, el PNUD, la UNESCO y la UE.

En octubre de 1997, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras desarrollaron aún más este proceso, firmando el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio. Esto creó un organismo regional que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Los términos del tratado buscan desarrollar un proceso de gestión ambiental y territorial que permita la mejor calidad de vida posible para las comunidades fronterizas, incluida la Comisión trinacional que actúa como protectora del desarrollo de la reserva. El enfoque del Plan y la Comisión ha sido promover una amplia gama de proyectos de desarrollo preservando la biodiversidad, y particularmente la conservación del suelo y los bosques en lugar de los cursos de agua.

Como consecuencia de estas prioridades, el Plan Trifinio y la Comisión tienen una serie de limitaciones, incluida la falta de priorización del desarrollo de mecanismos transnacionales efectivos para regular y gestionar los recursos hídricos regionales compartidos que se originan en la Reserva (Artiga, 2014). Esta es una inquietud particularmente grave para El Salvador, cuyos principales cursos de agua, como el río Lempa y el lago Güija, dependen de las zonas de captación de la Reserva.

A pesar de las limitaciones del Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio, algunos grupos de la sociedad civil y representantes del gobierno salvadoreño han invocado sus disposiciones para abogar por la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. Por ejemplo, el expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, señaló que si bien el Tratado no prohíbe la minería, exige que cualquier decisión que afecte la reserva debe ser acordada por los tres países (stopesmining.org, 2014). Sin embargo, el gobierno de Guatemala hasta ahora no ha reconocido esta obligación legal trinacional bajo el tratado con respecto al impacto de la mina Cerro Blanco. Para obtener más información sobre los esfuerzos liderados por los ciudadanos para redactar tratados transfronterizos que aborden los recursos hídricos, es posible consultar 2014- Redacción del Tratado Ciudadano Transfronterizo [Cerro Blanco].