1998-2013 Leyes de minería de Honduras [ASP1 y ASP2]

En 2013, el Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional de Honduras (PNH), promulgó una nueva Ley General de Minería (la “Ley de Minería de 2013”). Esta ley derogó la Ley de Minería de 1998 y levantó una moratoria sobre nuevas concesiones mineras. La redacción de la Ley de Minería de 2013 contó con el aporte de expertos designados por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y un proceso de socialización ordenado por el presidente Lobo con representantes tanto del sector minero como de la sociedad civil. Estas discusiones no lograron generar un consenso entre diferentes grupos de interés, grupos ambientalistas y otras organizaciones críticas con la minería, algunas de las cuales abandonaron las negociaciones sobre la base de que, entre otras cosas, la ley propuesta no incluía su principal demanda: la prohibición del uso de cianuro y la minería a cielo abierto (Middeldorp, 2016).

Una vez aprobada, la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA) identificó las siguientes inquietudes con respecto a la Ley de Minería de 2013, entre otras: falta de prohibición de la minería a cielo abierto; falta de protección adecuada de las fuentes de agua de la comunidad; procesos de consulta que solo se inician después de que se hayan otorgado las concesiones de exploración; no inclusión de un anexo de delitos ambientales (propuesto por grupos de la sociedad civil); y denegación de acceso a información sobre aspectos financieros y técnicos de los proyectos y empresas relacionadas (MiningWatch Canada, 2013).

En 2013 se presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Minería de 2013 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En junio de 2017, la corte declaró inconstitucionales siete de los veinte artículos impugnados (ver Acción legal titulada “2006-2017 Recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Minería de Honduras [ASP1 y ASP2]” para obtener más detalles). En 2019, el Congreso de Honduras respondió al fallo de la Corte Suprema, aprobando el decreto 109-2019 que reformó los artículos 22, 27, 56, 67, 68 y 76 de la Ley de Minería de 2013.

A pesar de las limitaciones de la ley de 2013, incluyó algunas protecciones, como excluir la minería de las tierras protegidas a nivel nacional. El artículo 48 de la ley reconoce la existencia de áreas de tierra para las cuales el Instituto Hondureño de Geología y Minería (INHGEOMIN) no puede licenciar concesiones mineras. Estas incluyen áreas naturales protegidas, declaradas e inscritas como áreas protegidas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable (CPPFI) y el Registro de la Propiedad Inmueble (RP). Sin embargo, el artículo 49 estipula que si no se cumplen los procedimientos legales para el registro de tierras protegidas, estas áreas no están sujetas a protección. Esta característica de la ley es relevante en el caso de ASP1 y ASP2 ya que el INHGEOMIN otorgó licencias de explotación en tierras que habían sido legalmente reconocidas como parte de un parque nacional protegido, pero que, como la gran mayoría de otras tierras protegidas en Honduras, no estaban registrados por funcionarios en el CPPFI o el RP (Ver Acción Legal titulada “2012-2013 Creación y reconfiguración del Parque Nacional Montaña de Botaderos”). La falta de las autoridades de registrar adecuadamente alrededor del 98% del territorio nacional protegido hace que la ley sea ineficaz para impedir el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio que se supone debe proteger (ACAFREMIN, 2020).