2005-2008 Recursos de amparo contra los procesos de consulta comunitaria presentados por Montana Exploradora

En junio de 2005, Montana Exploradora de Guatemala, SA, una subsidiaria de propiedad total de Goldcorp Inc., solicitó un amparo contra el Municipio de Sipacapa en el Departamento de San Marcos impugnando la constitucionalidad de tres acuerdos municipales en los que el municipio acordó consultar, de buena fe y de acuerdo con las costumbres y tradiciones del pueblo Sipakapa, con las autoridades indígenas, la población indígena de ascendencia maya Sipakapense y los residentes mayores de 18 años, para establecer si están a favor o en contra del reconocimiento minero, la exploración y la explotación de minerales metálicos a través de la minería a cielo abierto, según lo propuesto en el Municipio de Sipacapa. El propósito de esta consulta fue determinar si los intereses de los consultados se vieron afectados y en qué medida (Corte de Constitucionalidad, 2008, Expediente 1643-2005 y 1654-2005).

La empresa argumentó, entre otras cosas, que el municipio no tenía la autoridad para implementar los derechos de voto, los bienes naturales en cuestión pertenecen al estado guatemalteco y no pueden enajenarse por una ley municipal, la explotación de minerales está reconocida en la constitución como una necesidad pública, y los acuerdos municipales impugnados fueron más allá de las potestades otorgadas por el Código Municipal. El amparo fue otorgado por un juzgado de primera instancia y posteriormente se apeló ante la Corte de Constitucionalidad por el Municipio de Sipacapa y el Ministerio Público. La Corte determinó, entre otras cosas, que la consulta impugnada fue proporcionada por derechos consagrados en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Constitución de Guatemala. Un municipio que consulta con su población sobre temas de la competencia de otras instituciones estatales no vulnera ni menoscaba la soberanía nacional, sino que efectiviza los derechos individuales y colectivos a la libertad de expresión y petición de todos los ciudadanos. Sobre la cuestión de si los resultados de las consultas municipales deben ser considerados obligatorios, la corte se refirió a una decisión anterior que involucró al Municipio de Sipacapa, en la que sostuvo que las consultas no tienen carácter obligatorio. El proceso consultivo puede buscar aportes de la comunidad sobre cualquier tema que tenga un impacto en los intereses de la comunidad, pero su efecto no puede ser regular asuntos que se encuentren dentro de la competencia de otras instituciones estatales (Corte de Constitucionalidad, 2007, Expediente 1179-2005).

Asimismo, en septiembre de 2018, el asunto de los derechos indígenas a la consulta fue nuevamente considerado por la Corte de Constitucionalidad en un caso derivado de la suspensión de las licencias mineras del proyecto Escobal. En esta decisión, la Corte parece confirmar nuevamente el rango constitucional de este derecho, junto con su reconocimiento en el Derecho Internacional. Sin embargo, enfatiza que el derecho a la consulta no confiere derechos de veto a las comunidades consultadas. La naturaleza del derecho es consultiva y no vinculante. Su objetivo principal es garantizar la participación y la información de las comunidades afectadas a través de métodos administrativos o de otra clase (Corte de Constitucionalidad, 2018, págs. 145-148, 153).