2006-2017 La Mesa Nacional redacta y propone prohibiciones legislativas a la minería metálica

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador (Mesa Nacional) ha sido la impulsora de los esfuerzos de redacción de leyes populares en torno al tema de la minería metálica y su relación con los derechos humanos y ambientales. La Mesa Nacional es una organización coordinadora que comenzó en 2005 en un esfuerzo por reunir a organizaciones sociales, ambientales y religiosas de todo el país para desarrollar e impulsar políticas estratégicas para erradicar la minería metálica en El Salvador (Mesa Nacional, “Misión”). Aproximadamente en 2006, La Mesa Nacional comenzó a considerar las prohibiciones legislativas como una posible vía para lograr este objetivo, en parte, para consolidar la moratoria de facto que ya estaba en vigor. En 2006, la Mesa Nacional redactó y presentó su primer proyecto de ley para prohibir “la minería metálica en todas sus formas y la regulación de la minería no metálica” (Montoya, 2021). La ley se denominó “Ley de Regulación de la Actividad Minera en el País”. Contenía 72 disposiciones y, aunque se entregó a los diputados, nunca se debatió en la Asamblea Legislativa. 

En 2013, la Mesa Nacional preparó una versión revisada de su proyecto de ley, centrándose en cinco artículos que buscaban una prohibición estricta de la minería metálica. El nuevo proyecto de ley se denominada “Ley Especial para la Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador”. Al otorgar a la ley un “rango jurídico especial”, La Mesa Nacional pretendía “asegurar que sustituyera a cualquier ley con la que pudiera entrar en conflicto” (Ibid). Este proyecto de ley se presentó mientras el país estaba inmerso en un multimillonario arbitraje internacional en materia de inversiones que inició en 2009 por Pacific Rim Mining Corporation contra El Salvador por supuestos daños y perjuicios derivados de la no concesión a la empresa de una licencia minera de explotación en relación con el proyecto minero El Dorado (Para más información, ver la acción legal denominada “2006-2016 Arbitraje internacional en materia de inversiones de Pacific Rim contra El Salvador“). 

En 2015, creyendo en un laudo negativo en el litigio de arbitraje internacional en materia de inversiones, los miembros de la Mesa Nacional reconsideraron su estrategia. Solicitaron que el gobierno del FMLN aprobara un decreto ejecutivo que se mantuviera en vigor hasta que una combinación diferente de partidos políticos en la Asamblea Legislativa demostrara su voluntad de considerar una prohibición. El 30 de agosto de 2016, la Mesa Nacional se reunió con el Presidente de El Salvador, el Ministro de Medio Ambiente y el Secretario Jurídico del Presidente para presentar una propuesta de Decreto Ejecutivo para suspender la minería metálica. La Mesa Nacional argumentó que la propuesta de Decreto Ejecutivo era necesaria porque la ley de minería vigente contravenía el artículo 103 de la Constitución, que protege los derechos de propiedad privada. El Presidente, Salvador Sánchez Cerén (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), confirmó el compromiso de su gobierno de no permitir la minería en El Salvador (ES No Minería, 2016). Sin embargo, a pesar de este compromiso, el Decreto Ejecutivo nunca fue aprobado. La Mesa Nacional continuó con sus esfuerzos para aprobar una prohibición legislativa completa de la minería metálica. En octubre de 2016, el tribunal de arbitraje de inversiones emitió su decisión, desestimando las demandas de la empresa contra El Salvador, lo que llevó a una renovada presión política sobre el gobierno salvadoreño para que aprobara la prohibición legislativa de la minería. 

Es importante destacar que los esfuerzos legislativos de la Mesa Nacional recibieron el apoyo de organizaciones religiosas, incluida la influyente Iglesia Católica. Por ejemplo, en 2007, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) hizo declaraciones públicas contra la minería y, en 2011, repitió esta condena, exigiendo una prohibición total. El factor decisivo, sin embargo, parece haber sido la activa participación pública del Arzobispo de San Salvador, quien en febrero de 2017, junto con otros altos funcionarios y organizaciones religiosas, visitó la Asamblea Legislativa con una propuesta de legislación para prohibir la exploración y explotación minera de metales -tanto de pequeña escala como industrial- de forma permanente (Ibid.; Ver también Nadelman, 2015). Esta propuesta fue preparada con la ayuda de profesores de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón Cañas y se basó en los esfuerzos de redacción legislativa de la Mesa Nacional (Montoya, 2021). Esta versión fue finalmente aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2017 (Ver la Acción Legal denominada “2017 El Salvador aprueba la prohibición legislativa de la minería metálica“, para obtener más información).