2006 Redacción popular de una ley y actividades legislativas sobre el derecho al agua

En El Salvador, el derecho al agua y las iniciativas legislativas que lo protegen están estrechamente vinculadas a la lucha socioambiental y política en torno a la minería metálica. Por ejemplo, en 2006 (el mismo año en que se propuso por primera vez un proyecto de ley popular para prohibir la minería metálica), un grupo de unas 100 organizaciones sociales, religiosas y académicas que formaban parte de la plataforma denominada Foro del Agua (Consejo de Canadienses, 2011) redactó un proyecto de Ley General del Agua. El proyecto estuvo estancado en la Asamblea Legislativa durante aproximadamente 5 años, hasta que en 2011 se anunció que se esperaba debatirlo a finales de año. El proyecto de ley establecía, entre otras cosas, “que el acceso al agua es un derecho humano, y que todas las personas sin distinción tienen derecho a acceder en cantidades suficientes” (Ibid). También proponía la creación de un órgano regulador llamado Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y “ponía un límite de dos años a los permisos para el uso industrial y comercial del agua, con posibilidad de renovación”(Ibid), junto con un impuesto por el uso del agua. 

En abril de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley, junto con una reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua, como se establece en el proyecto (Consejo de Canadienses, 2012). La reforma, sin embargo, debía ratificarse mediante una segunda votación. En octubre de 2014, fue bloqueada por los miembros de derecha de la Asamblea Legislativa (Consejo de Canadienses, 2014). 

El asunto de legislar el derecho al agua y evitar la privatización de los recursos hídricos se sigue debatido en El Salvador. En abril de 2018, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa llegó a acuerdos sobre 92 artículos de la Ley General de Aguas. Una de las principales críticas de los grupos de base y las ONG en relación con la legislación que se debatió a mediados de 2018 en la Asamblea Legislativa fue que pretendía facilitar la participación de actores privados en un órgano de gobierno que decidiera sobre asuntos relacionados con la administración del agua (La Prensa Gráfica, 2018). En los tres años siguientes hubo continuas discusiones y promesas de los legisladores de promulgar una legislación progresista en materia de agua (GatoEncerrado, 2021). En junio de 2021, el Gobierno de Nayib Bukele, que había obtenido el control de la legislatura, presentó un proyecto de Ley del Agua a la asamblea legislativa. Las organizaciones pertenecientes al Foro del Agua se mostraron muy críticas con el proyecto de ley que, según ellas, normalizaba la injusticia del agua y había sido elaborado con un proceso de consulta adecuado (El faro, 2018; EFE verde, 2021). En octubre de 2021, las comisiones legislativas seguían estudiando el proyecto de ley.

Con respecto al debate sobre la minería en El Salvador, los movimientos que se oponen a las operaciones mineras a menudo enmarcan su posición como “a favor del agua” en lugar de “en contra de la minería”, especialmente dada la inquietud generalizada por los riesgos de contaminación que plantea la minería para los escasos recursos hídricos del país (Broad y Cavanagh, 2015). Para más información sobre la gestión sostenible del agua en El Salvador, consulte el informe al que se hace referencia a continuación, “Hacia la Gestión Sustentable del Agua en El Salvador”, preparado por la Unidad Ecológica Salvadoreña, et. al.