2008-2013 Moratorias a la minería metálica [Escobal]

En 2008, el Gobierno de Guatemala, entonces encabezado por el presidente Álvaro Colom Caballeros del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), instituyó una moratoria con respecto a la emisión de nuevas licencias mineras. Esto fue ocasionado por un recurso de inconstitucionalidad exitoso en 2008 de la Ley General de Minería del país, que se planteó en el contexto de la oposición a la Mina Marlin. La moratoria se levantó en marzo de 2013 cuando la Corte de Constitucionalidad confirmó las nuevas modificaciones a la ley (propuestas para abordar las resoluciones del recurso de 2008) (Ver Acción Legal “Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de minería de Guatemala“).

En julio de 2013, el presidente Otto Pérez Molina, del Partido Patriótico (PP), propuso una segunda moratoria a las nuevas licencias mineras, en relación con los conflictos y la oposición relacionados con el proyecto minero Escobal. Esta propuesta fue rechazada por el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos Occidentales (CPO) por ser “un espectáculo político destinado a calmar la resistencia generalizada a los proyectos mineros dañinos […]” (NISGUA, 2013). Señaló que el gobierno ya había levantado la moratoria de 2008, lo que permitía “el otorgamiento masivo de licencias no consultadas para la minería en territorios indígenas” (ibid). La nueva moratoria sería “contradictoria porque durante el último año y medio el Poder Ejecutivo ha otorgado aproximadamente 100 licencias mineras” (ibid). En ese momento, el proyecto Escobal ya había sido aprobado y no se vería afectado por la propuesta. Además, en el mismo mes, Goldcorp Inc. anunció la suspensión del proyecto Cerro Blanco, por lo que tampoco se vería afectado por la moratoria propuesta. En última instancia, de los informes se desprende que la paralización no se implementó.

Este problema volvió a surgir en 2016 cuando el partido político Convergencia propuso una ley que estipulaba una moratoria de cinco años a las licencias de reconocimiento, exploración y explotación para las actividades mineras metálicas e hidroeléctricas. La propuesta fue rechazada en agosto de 2016 por el Comité de Energía y Minas del Congreso.