2008-2013 Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de minería de Guatemala [Cerro Blanco]

El 19 de junio de 2008, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucionales siete artículos de la Ley de Minería de 1997 por incumplimiento de las leyes ambientales de Guatemala. En particular, el tribunal acordó con el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) que los siguientes aspectos de la Ley de Minería incumplieron la obligación del estado de proteger el medio ambiente: (1) la aprobación implícita de la inacción administrativa por más de 30 días en respuesta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental; (2) su permisividad con respecto a la liberación de aguas contaminadas de las actividades mineras; y (3) el requisito de la Ley de Minería de que las empresas mitiguen los residuos y el ruido solo “en la medida de lo posible” (Abate y Aldana, 2015). El recurso de inconstitucionalidad surgió de conflictos sociales, inquietudes ambientales y la falta de compromiso del gobierno con los representantes de la comunidad en la aprobación y concesión de licencias para el proyecto de la mina Marlin (Human Rights House Foundation, 2012). Sin embargo, las resoluciones de la Corte se aplicaron ampliamente a todas las operaciones afectadas por las disposiciones impugnadas de la Ley de Minería de 1997, incluido el proyecto Cerro Blanco. 

En efecto, luego de esta decisión, el gobierno instituyó una moratoria sobre todas las nuevas licencias mineras hasta que se pudieran realizar modificaciones a la Ley de Minería. La moratoria fue levantada en 2012 luego de la introducción de modificaciones legislativas por parte del gobierno guatemalteco (ver Acción Legal, titulada “1997-2015 Leyes de Minería de Guatemala [Cerro Blanco]“, para obtener más detalles). En marzo de 2012, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos Occidentales (CPO) de Guatemala presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esas modificaciones, argumentando que la nueva ley violaba sus derechos como pueblos indígenas a ser consultados con respecto a las actividades mineras que impactan sus territorios. La Corte de Constitucionalidad emitió una decisión que ratificó la ley de minería en 2013. Algunos grupos consideran que esta decisión es una revocación de una decisión de la Corte de Constitucionalidad de 2011 que declara que los derechos de consulta de los pueblos indígenas están amparados por la Constitución guatemalteca (“2011-2018 Recurso de inconstitucionalidad del proyecto de reglamento sobre Procesos de Consulta Indígena [Cerro Blanco]” para obtener más detalles). En respuesta a la decisión de 2013, el CPO presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“2013- Consejo de Pueblos Maya y Xinka presentan denuncia ante CIDH [Cerro Blanco]” para obtener más detalles). 

Si bien el CPO representa a las comunidades indígenas mayas, sus acciones legales tanto a nivel nacional como internacional se relacionan con los derechos indígenas de manera más amplia, incluidos los de la comunidad indígena Xinka en Guatemala. Con respecto al sitio del proyecto Cerro Blanco, el propietario actual, Bluestone Resources Inc., argumenta que no hay comunidades indígenas en Asunción Mita. Sin embargo, según una entrevista realizada en el marco del proyecto Culturas Legales del Subsuelo con la Asociación de Vecinos para la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza de Asunción Mita (Avedevida), algunos miembros de la comunidad indígena Xinka viven en Asunción Mita.