2010-2015 OIT critica a Guatemala por minería y comunidades indígenas [Marlin]

En 2010, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe en el que criticaba a Guatemala por, a pesar de los comentarios anteriores hechos en 2005, 2006 y 2007, seguir emitiendo licencias mineras sin consultar con comunidades indígenas y por no compensar a las comunidades indígenas por los daños sufridos o “hacer esfuerzos para reducir el impacto de la explotación”. La Comisión solicitó “al Gobierno que no otorgue ni renueve licencia alguna para la exploración y explotación de los recursos naturales a que se refiere el artículo 15 del Convenio mientras no se lleve a cabo la participación y consulta previstas en el Convenio, y que proporcione información a este respecto”. Se llegó a estas conclusiones en relación con la evaluación del Comité de las obligaciones de Guatemala en virtud del Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, publicado durante su 98º período de sesiones del Comité. El Comité recibió comentarios sobre este tema del Movimiento Sindical de Trabajadores Indígenas y Agrícolas de Guatemala por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, del cual forma parte la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) ), la Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG), la Federación Sindical de Trabajadores del Campo (FESOC), el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala, el Sindicato de Trabajadores de la Distribución Oriental y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) (Informe de la OIT, 2010). Al momento de la publicación del informe, el Comité no había recibido respuesta de Guatemala sobre los comentarios de estas organizaciones. 

En la 101ª Sesión del Comité en 2012, la CEACR consideró el desarrollo de procesos de consulta relacionados con el proyecto de la Mina Marlin. Señaló que las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, solicitando a Guatemala suspender el proyecto y “tomar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental en espera de la adopción de una decisión de la CIDH sobre el fondo de la petición vinculada a la solicitud de medidas de protección” (Comentarios de la CEACR, 2012) (Ver Acción Legal titulada “Petición y Medidas Cautelares de la CIDH sobre Autorización de Mina Marlin y Comunidades Mayas” para obtener más detalles). El Comité, entre otras cosas: (1) instó al gobierno a “establecer mecanismos de diálogo que […] permitan soluciones adecuadas [y] que tomen en cuenta los intereses y prioridades de los pueblos indígenas” y enviar información detallada sobre desarrollos, (2) instó al gobierno a “garantizar que [el proyecto de la mina Marlin no tenga] un impacto dañino en la salud, la cultura y la propiedad de las comunidades que viven en las áreas afectadas por la implementación o planificación del [proyecto]”, y (3) solicitó al gobierno “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas y los bienes en las regiones afectadas por los proyectos y asegurar que todas las partes involucradas se abstengan de cualquier acto de intimidación o violencia contra las personas que no compartir sus opiniones sobre los proyectos” (Ibid). La CEACR reiteró sus preocupaciones con respecto al proyecto de la mina Marlin y solicitó información detallada sobre los procesos de consulta en 2013 (102º período de sesiones), 2014 (103º período de sesiones) y 2015 (104º período de sesiones) (Ibid).