2011-2018 Recurso de Inconstitucionalidad del Proyecto de Reglamento sobre Procesos de Consulta Indígena [Cerro Blanco]

El 23 de marzo de 2011, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos Occidentales (CPO) de Guatemala interpuso una recurso ante la Corte de Constitucionalidad impugnando la constitucionalidad de un proyecto de reglamento, denominado “Reglamento sobre el proceso de consulta en el marco del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, que incluía un período de notificación de 30 días a partir de la fecha de publicación para recibir comentarios públicos y propuestas sobre el proyecto. Una vez vencido el período de notificación de 30 días, se emitirá la versión definitiva del reglamento. El CPO argumentó que el proyecto de reglamento violó, entre otras cosas, los derechos indígenas, los derechos de consulta y el principio del debido proceso. La Corte admitió el recurso del CPO, y ordenó al gobierno relanzar su iniciativa regulatoria sobre los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas a través de los medios adecuados. Confirmó además que el derecho indígena a la consulta se encuentra amparado por la Constitución guatemalteca. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la desestimación de la Corte de Constitucionalidad en 2013 del recurso contra las modificaciones a la Ley General de Minería por parte del CPO anula efectivamente el rango constitucional de los derechos de consulta indígena (ver Acción Legal titulada “2008-2013 Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de minería de Guatemala [Cerro Blanco]” para obtener más detalles). 

Si bien el CPO representa a las comunidades indígenas mayas, sus acciones legales tanto a nivel nacional como internacional se relacionan más ampliamente con los derechos indígenas, incluidos los de la comunidad indígena Xinka en Guatemala. Con respecto al sitio del proyecto Cerro Blanco, el propietario actual, Bluestone Resources Inc., afirma que no hay comunidades indígenas en Asunción Mita. Sin embargo, según una entrevista realizada en el marco del proyecto Las Culturas Legales del Subsuelo con la Asociación de Vecinos para la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza de Asunción Mita (Avedevida), algunos miembros de la comunidad indígena Xinka que viven en Asunción Mita, aunque no se cree que sean una gran parte de la población. Además, si bien la decisión de la Corte no se limitó a las operaciones mineras o la mina Cerro Blanco, la decisión tuvo importantes implicaciones para las industrias extractivas en general, cuyos proyectos con frecuencia se ubican o tienen un impacto en los territorios indígenas. (Ver Acción Legal titulada “2005- Procesos de Consulta Comunitaria [Cerro Blanco]” para obtener información relacionada). 

Cabe destacar que en septiembre de 2018, la cuestión de los derechos indígenas a la consulta fue nuevamente considerada por la Corte de Constitucionalidad en un caso derivado de la suspensión de licencias mineras para el proyecto Escobal. En esta decisión, la Corte consideró el alcance general de los derechos de consulta de los pueblos indígenas. Parece que, a pesar de las inquietudes sobre el recurso de inconstitucionalidad de 2013 descrito anteriormente, la Corte confirmó el rango constitucional de este derecho, junto con su reconocimiento en el Derecho Internacional. Sin embargo, también enfatizó que el derecho a ser consultado no crea derechos de veto. La naturaleza del derecho es de carácter consultivo, no vinculante. Su objetivo principal es asegurar la participación y recopilación de información para las comunidades afectadas a través de métodos administrativos o de otro tipo (Corte de Constitucionalidad, 2018, págs. 145-148, 153).