2013 Amparo presentado contra el otorgamiento de la licencia de explotación de Escobal

En abril de 2013, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó a Tahoe Resources, a través de su subsidiaria, Minera San Rafael, licencias mineras en relación con el proyecto minero Escobal. Algunos miembros de la comunidad indígena Xinka, así como otros residentes afectados, se habían opuesto a la solicitud de licencias mineras de la compañía desde noviembre de 2010. En 2012 y 2013, se presentaron ante el MEM más de 250 denuncias administrativas contra el proyecto, que hacían referencia (entre otras cuestiones) a inquietudes ambientales y acerca de la consulta. Inmediatamente antes de la decisión del MEM de otorgar las licencias, se informó a los reclamantes que sus inquietudes no serían consideradas. Como resultado, en mayo de 2013, un representante del Parlamento Xinka, con el apoyo del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), presentó un recurso de amparo para revertir la decisión del MEM de otorgar las licencias. El recurso de amparo también fue apoyado por el Parlamento Xinka en su conjunto, el Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores y la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza de la Diócesis de Santa Rosa (CODIDENA). El apelante alegó que existía una “falta de debido proceso con respecto a una denuncia que presentó contra la licencia de la compañía” antes de la aprobación del MEM en abril de 2013 (NISGUA, 2013), y se refirió a cientos de otras denuncias presentadas por miembros de la comunidad que el MEM había rechazado.

En julio de 2013, la Sala Civil y Mercantil de la Primera Corte de Apelaciones de Guatemala otorgó el amparo contra la decisión del Director de Minería del MEM, “poniendo en duda la legalidad de la licencia de explotación de Escobal” (NISGUA, 2015). Minera San Rafael apeló infructuosamente esta sentencia ante la Corte de Constitucionalidad, la cual confirmó la decisión del tribunal inferior de que el proceso del MEM para el otorgamiento de la licencia violó los derechos constitucionales del demandante. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad reconoció el carácter fundamental del derecho a un medio ambiente sano, con fundamento en instrumentos internacionales, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San Salvador”), para interpretar las obligaciones del MEM en virtud de la Ley General de Minería de Guatemala (Corte de Constitucionalidad, 2015). No obstante, la orden judicial que invalidaba la decisión de otorgar las licencias mineras nunca se ejecutó. El MEM y Tahoe Resources argumentaron que el fallo fue únicamente contra el Director de Minería, y no contra la decisión en sí, y el Ministerio Público no tomó medidas contra los funcionarios del MEM por incumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad.

Antes de que la Corte de Apelaciones dictara la orden judicial en 2013, CALAS también “presentó denuncias penales contra el exministro del [MEM], Erick Archila, y el exdirector de minas del MEM, Fernando Castellanos” (NISGUA, 2015). Las denuncias “acusan a Archila y Castellanos de violar la Constitución y de incumplimiento de sus deberes por haber otorgado a Tahoe Resources una licencia de explotación del proyecto Escobal sin la debida consideración de más de 250 denuncias comunitarias contra el proyecto” (Ibid). CALAS también “pidió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, que investigue a fondo el proceso de licencias de Escobal, y citó la posible participación de Archila en el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito” (Ibid). A pesar de estas serias acusaciones, las autoridades no llevaron a cabo una investigación de fondo sobre el proceso de licencias de la mina Escobal ni hicieron cumplir la orden judicial. Para obtener detalles relacionados con otras acciones legales que han tenido un impacto en el estado de las licencias mineras de Escobal, ver Acción Legal, “2017- Suspensión judicial de las licencias mineras de Tahoe“.