2013 Estado de sitio y criminalización de manifestantes y líderes comunitarios

En mayo de 2013, el gobierno de Guatemala declaró un “estado de sitio” temporal, desplegando 8.500 policías y soldados en el municipio de San Rafael Las Flores (donde se encuentra Escobal) y los municipios circundantes de Mataquescuintla, Casillas y Jalapa, que votaron en contra de la minería en consultas comunitarias. El estado de sitio siguió a la detención de 26 manifestantes pacíficos en abril de 2013. Esta conducta fue criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que señaló que las protestas ambientales en Guatemala habían desencadenado procesos penales contra los manifestantes, inclusive denuncias por terrorismo y conspiración criminal, agregando que los cargos eran desproporcionados a la gravedad de los presuntos delitos y a menudo fueron desestimados en los tribunales debido a la falta de pruebas (JCAP, 2017).

En abril de 2013, la Comisión de Seguridad Nacional clasificó a la mina Escobal como un “recurso natural estratégico”. Esto tuvo el efecto de convertir el malestar social en las comunidades cercanas al proyecto minero en un problema de seguridad nacional. Esto sirvió para justificar el “estado de sitio”, los despliegues militares y también la creación de una Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral en San Rafael Las Flores, que fusionó cuestiones de seguridad y desarrollo y fue dirigido por un general del ejército. La Comisión habría llevado a cabo actividades de inteligencia militar en la región, particularmente en relación con las comunidades opositoras a la mina (Solano, 2015).