2013 Proyecto de Ley de Consulta Nacional

En mayo de 2018, el gobierno hondureño presentó una versión final de su proyecto de ley de consulta nacional al Congreso Nacional. Este proyecto de ley pretende “codificar las obligaciones jurídicas internacionales de Honduras de respetar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (“CLPI”)”, incluidos los derechos garantizados por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Nº 169) (Convenio Nº 169 de la OIT). El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas revisó la historia del proyecto de ley de consulta nacional en un informe de fecha 22 de diciembre de 2016. El Relator Especial señaló que la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras (CONPAH) participó durante varios años en reuniones para discutir el proyecto de ley, y prepararon sus propias versiones preliminares para su consideración, por ejemplo, en marzo de 2013 y febrero de 2015. En mayo de 2015, el gobierno hondureño creó una Mesa Interinstitucional sobre el Convenio 169 de la OIT, coordinada por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH). En 2016, la Mesa preparó una versión final del proyecto de ley de consulta, en base a los borradores anteriores presentados por el CONPAH y la DINAFROH, y en consulta con otras instituciones estatales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyó el trabajo de la Mesa y, a petición del gobierno, facilitó reuniones con representantes indígenas sobre el proyecto de ley elaborado por la Mesa (Informe del Relator Especial, 2016).

Al mismo tiempo, organizaciones vinculadas al Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), criticaron públicamente el proceso de elaboración y socialización de la ley de consulta por parte del gobierno, y el Observatorio presentó su propio proyecto, titulado Ley Marco de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, en mayo de 2016 (Ibid). El Relator Especial observó que, si bien el gobierno hondureño celebró 18 talleres entre mayo y octubre de 2016 con representantes de comunidades indígenas y afrohondureñas sobre el proyecto de ley de consulta, estos participantes no tuvieron un papel destacado en el proceso. Por ejemplo, los representantes indígenas debían comentar un borrador preparado por el gobierno, que recibieron cuatro semanas antes de los talleres. Además, la participación indígena en los talleres se limitó a ciertos grupos, lo que supuso la exclusión de otros, especialmente los relacionados con el Observatorio. El Relator Especial concluyó finalmente, entre otras cosas, que el proceso de elaboración de una ley de consulta previa a los pueblos indígenas debe cumplir procedimental y sustantivamente con las normasinternacionales de derechos humanos, inclusive el desarrollo de un proceso de consulta adecuado sobre la ley con la mayor cantidad posible de organizaciones y pueblos indígenas, asegurando el consenso entre las organizaciones y pueblos indígenas sobre la metodología y los procedimientos de consulta del proyecto de ley, y asegurando que el texto final sea producto del consenso con el objetivo de evitar discusiones limitadas sobre borradores preparados por el gobierno u otros actores externos (Ibid).

En junio de 2018, el Pueblo Garífuna de Honduras convocó una asamblea sobre el proyecto de ley de consulta presentado al Congreso Nacional en mayo de 2018. La asamblea decidió rechazar el proyecto propuesto por el gobierno de Honduras por considerar, entre otras cosas, que viola su derecho a la autodeterminación (Criterio.hn, 2018). El proyecto de ley también ha sido rechazado por la OFRANEH, que ha calificado el proyecto como una información para crear un instrumento que legitime el desplazamiento de sus comunidades de sus territorios para la implementación de “proyectos de muerte” (OFRANEH, 2018). Las críticas al proyecto de ley incluyen el rechazo a las disposiciones que pretenden quitar el derecho de los pueblos indígenas y afrohondureños a no brindar su consentimiento y el avance del proceso de consulta, que debe completarse en un plazo de cuatro a seis meses (OXFAM, 2018).

Ante la oposición concertada, el proyecto de ley de consulta no fue aprobado y sigue en discusión (SEDH, 2020).

Aunque esta ley no afecta directamente al proyecto minero San Martín (que cerró en 2010), las cuestiones relacionadas con la violación de los derechos indígenas y comunitarios a la consulta en la aprobación, operación y cierre de la mina fueron importantes y forman parte del contexto en el que se debate el actual proyecto de ley.