2014-2017 Cinco municipios se declaran “territorios libres de minería” a través de procedimientos de consulta popular

Los artículos 115 y 116 del Código Municipal de El Salvador obligan a los gobiernos municipales a promover la participación ciudadana a través de diversos mecanismos, entre ellos las consultas populares. Según el art. 117, debe celebrarse una consulta popular cuando “el 40% de los electores con derecho a voto soliciten por escrito” que se convoque una consulta (Ver también Stopesmining.org, septiembre de 2014). Además, el consejo municipal no puede tomar medidas contra la opinión mayoritaria expresada en una consulta popular si al menos el 40% de los votantes con derecho a voto participan en la consulta (artículo 117). Los resultados de una consulta popular se consideran, por tanto, de carácter vinculante para, como mínimo, las autoridades municipales (UCA, 2010).

La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una organización de base formada en 1984, y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, una organización coordinadora que comenzó en 2005 en un esfuerzo por reunir a las organizaciones sociales, ambientales y religiosas de todo el país para desarrollar y avanzar en políticas estratégicas para erradicar la minería metálica en El Salvador, son dos organizaciones clave que proporcionan logística, capacitación jurídica y apoyo a las comunidades interesadas en proceder con las consultas populares en relación con las actividades mineras dentro de sus territorios. Sin embargo, el proceso de organización y promoción de las consultas está dirigido por los propios miembros de la comunidad, normalmente a través de un Equipo de Gestión que está formado por residentes locales seleccionados por las Asociaciones para el Desarrollo Comunitario (ADESCOS) locales. Para llevar a cabo la consulta, las comunidades se basan en los procedimientos y mecanismos existentes para las elecciones municipales y nacionales. La pregunta de la papeleta de votación es si los votantes quieren o no quieren proyectos mineros de exploración y explotación en sus municipios. Si se cumplen los requisitos del Código Municipal, la comunidad suele solicitar una Ordenanza Municipal oficial para formalizar los resultados. La ordenanza actúa como una herramienta de organización o medio para presionar a los políticos a nivel nacional para que cumplan con las decisiones de la comunidad, reflejadas en los procesos participativos locales. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, las ordenanzas son secundarias a la legislación minera y no pueden impedir las actividades mineras legalmente autorizadas por la Ley de Minería. El CRIPDES colaboró en la redacción y publicación de las ordenanzas en el Diario Oficial, así como en el diseño de campañas de comunicación y en el apoyo logístico y de formación durante todo el proceso. Esta información se basa en una entrevista realizada a un representante de CRIPDES en el marco del proyecto Las Culturas Legales del Subsuelo. El alcalde de San José Las Flores presentó información similar en una entrevista realizada para este proyecto.

La primera consulta popular sobre minería metálica se realizó en el municipio de San José Las Flores en el departamento de Chalatenango en septiembre de 2014. La participación fue del 67%, y el 99% votó a favor de prohibir la minería en su territorio y declararse “territorio libre de minería” (Stopesmining.org, Sept 2014). La segunda se celebró en noviembre de 2014 en el municipio de San Isidro Labrador, en el departamento de Chalatenango. La participación fue de más del 60% y el 98,74% votó a favor de la prohibición de la minería metálica en sus territorios (Stopesmining.org, dic 2014).

En marzo de 2015, el municipio de Nueva Trinidad se convirtió en el tercer municipio en declararse “territorio libre de minería” tras los resultados de una consulta popular. La participación de los votantes en este caso fue del 61,85%, y el 99,25% votó no a la minería en sus territorios. Al igual que en otras consultas populares, los preparativos para la votación comenzaron con meses de antelación; “los organizadores del municipio y las organizaciones de la sociedad civil movilizaron una campaña educativa, utilizando asambleas generales, pancartas y visitas domiciliarias para educar a la población sobre la consulta popular y los efectos de la minería” (Mundo al Revés, 2015). El proceso también fue supervisado por 24 observadores internacionales de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras y Nicaragua para darle legitimidad internacional. Los observadores nacionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los alcaldes de San José Las Flores y Arcatao también proporcionaron “apoyo logístico y jurídico” al proceso de consulta (Ibid).

En noviembre de 2015, el municipio de Arcatao, en el departamento de Chalatenango, se convirtió en el cuarto municipio en votar a favor de convertirse en un “territorio libre de minería” a través de un proceso de consulta popular. La participación de los votantes fue del 60%, y el 99% votó en contra de la minería. En 2017, un quinto municipio, Cinquera, en el Departamento de Cabañas (donde se encuentra la mina El Dorado), obtuvo resultados similares: el 98% de los votantes elegibles se pronunciaron a favor de convertirse en un “territorio libre de minería”. Fue la primera votación de esta naturaleza en Cabañas (IPS, 2017).

Antes de la aprobación de la prohibición legislativa nacional a la minería metálica, las consultas populares sirvieron como una herramienta para expresar el rechazo a la actividad minera a nivel local (Gatoencerrado, 2014).