2014- Propuesta de Tratado Transfronterizo Ciudadano [Cerro Blanco]

Para las ONG salvadoreñas involucradas en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, la regulación de los recursos hídricos transfronterizos en Centroamérica ha sido un problema durante muchos años. Sus inquietudes surgieron del descubrimiento de que tanto Guatemala como Honduras han recibido solicitudes de exploración y explotación de minerales ubicados en zonas fronterizas vecinas a El Salvador. La principal instancia de esto es la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala (Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa), en la reserva de biosfera transfronteriza Trifinio (Ver “1997 Promulgación del Tratado de Ejecución del Plan Trifinio“). La reserva se extiende a ambos lados de las fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras, cerca del nacimiento del río Lempa en Guatemala, que es el principal suministro de agua de El Salvador. Como resultado, la contaminación de los cursos de agua en la reserva que eventualmente alimenta el río Lempa representa una amenaza directa para una gran parte de los suministros de agua de El Salvador.

El Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio, firmado en octubre de 1997, estableció la reserva y una comisión trinacional para promover el desarrollo y proteger la biodiversidad, pero no se centró en la gestión eficaz de los cursos de agua transnacionales para proteger el acceso al agua en los tres países. Los gobiernos nacionales comprometidos con el modelo de desarrollo económico de la industria extractiva, como Guatemala y Honduras, se han resistido a las iniciativas institucionales para fortalecer la regulación regional de los recursos hídricos compartidos.

Existe una creciente conciencia en la sociedad civil de que los problemas transfronterizos, como el medio ambiente, no pueden gestionarse de manera justa y eficaz únicamente a través del principio tradicional de soberanía nacional (Montoya, 2021). Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia en El Salvador, muchas de las cuales participaron en la redacción de leyes y la defensa ciudadanas para asegurar la prohibición de la minería metálica en El Salvador (Ver Acción Legal “2017 El Salvador aprueba prohibición legislativa a la minería metálica” ), han trabajado con la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Medio Ambiente para promover un nuevo tratado transfronterizo regional para regular la protección de las aguas compartidas (Oxfam Australia, 2014).

El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) en alianza con otras organizaciones salvadoreñas facilitó un proceso de redacción de un tratado ciudadano a partir de 2014. En 2015, la “Propuesta de Tratado para el manejo integral, sustentable y con enfoque de cuencas compartidas de las aguas transfronterizas entre los países Guatemala, Honduras y El Salvador” se presentó en forma pública y se distribuyó masivamente. Se inspira en instrumentos internacionales, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y está destinado a ser asumido y discutido por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras (ver Montoya, 2021). CEICOM y otras organizaciones lo consideran como un complemento a la prohibición legislativa de la minería metálica en El Salvador y cuenta con el apoyo de organizaciones en Guatemala y Honduras que son miembros de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT). La propuesta del tratado ha sido ampliamente discutida con funcionarios públicos salvadoreños del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones, algunos de los cuales han hecho modificaciones a la propuesta inicial de CEICOM/RedCat. Sin embargo, las instituciones salvadoreñas no han tomado ninguna medida para discutirlo con sus contrapartes en Guatemala y Honduras como lo solicitó RedCat.