2015-2016 Recurso de amparo contra la licencia de explotación de Cerro Blanco

En noviembre de 2015, un residente del municipio de Asunción Mita (Departamento de Jutiapa, Guatemala), presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala un amparo contra el Ministro de Energía y Minas por no rescindir la licencia de explotación de Cerro Blanco de acuerdo con la Ley de Minería. La petición fue apoyada por Colectivo Madreselva y buscaba la participación del Ministerio Público y la Fiscalía en sus funciones de investigar violaciones a la ley y proteger los derechos humanos.

La petición alegaba que el artículo 53, literal d, de la Ley de Minería requería que el Ministro rescindiera los derechos mineros de una empresa en caso que no se hubiera obtenido una licencia de explotación durante un período de 12 meses en obras destinadas a la explotación del yacimiento (“los trabajos tendientes a la explotación del yacimiento”). En el caso de Cerro Blanco, a pesar de recibir una licencia de explotación en 2007, la empresa minera no se había movido para explotar los depósitos minerales durante varios años. A pesar de esto, el MEM no había cancelado la licencia de explotación.

La petición continuó con la explicación de las consecuencias de las actividades de mantenimiento pero no de explotación en la mina, en particular la perforación de rocas y el desvío de aguas geotérmicas al río Ostúa. Esto tuvo como resultado la contaminación de cursos de agua con altos niveles de arsénico, afectando el agua potable y el riego de tierras agrícolas, afectando la salud y los medios de vida de las comunidades locales en las cercanías de la mina en Guatemala, pero también de 4 millones de salvadoreños que dependen de las aguas que se unen al río Lempa desde el lago Güija.

La petición alegaba que el peticionante no disponía de otros medios jurídicos para proteger sus derechos, ya que la oposición presentada al Estudio de Impacto Ambiental en 2007 por el Colectivo Madreselva nunca había recibido respuesta de las autoridades. Como resultado, los problemas geológicos encontrados por Entre Mares y Goldcorp que habían llevado a la suspensión de la actividad de explotación por varios años debieron haber tenido como resultado la cancelación de la licencia por parte del MEM. No hacerlo había ocasionado violaciones de los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, el agua y la protección de la ley. La petición argumentó que la región de Asunción Mita ya era conocida por sus altos niveles de arsénico en el medio ambiente, pero que las obras en la mina habían tenido como resultado un aumento significativo de la contaminación de los cursos de agua.

A pesar de las pruebas presentadas en la petición, el 13 de enero de 2016 la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición por inadmisibilidad. La corte se limitó a manifestar sin argumentar que el peticionante no había demostrado que sus derechos fueran personalmente lesionados por las presuntas violaciones a los derechos constitucionales y que según los criterios de admisibilidad su caso no podía basarse en el impacto de los derechos de la comunidad en general. Al parecer, no se tomó en consideración el hecho de que, como residente de Asunción Mita, el peticionante estuvo directamente afectado por los cursos de agua contaminados.

Se supone que la legislación para proteger los derechos constitucionales (el amparo) es uno de los medios jurídicos clave para que los ciudadanos obtengan reparación por los abusos u omisiones de los funcionarios estatales que violan las garantías legales. Sin embargo, los criterios de admisibilidad a menudo son interpretados de manera restrictiva por los tribunales, lo que significa que a las personas o comunidades sin acceso a recursos, así como asesoramiento y apoyo legal de expertos, pueda resultarles extremadamente difícil cumplir con los criterios de admisibilidad para proteger sus derechos.