2015 Ley de protección de defensores de derechos humanos y periodistas

En mayo de 2015, el Decreto 134-2015 creó la Ley para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia. En 2016 se promulgó el código normativo de la ley de 2015, inspirado en experiencias similares en la región de América Latina, en respuesta a la presión nacional e internacional para abordar la amplia gama de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación de base. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desempeñó un papel importante en la promoción de la iniciativa.

La ley reconoce el derecho de todas las personas, individual y colectivamente, a promover y exigir los derechos humanos y establece la obligación del Estado de respetar los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y prevenir cualquier acto u omisión que atente contra esos derechos. La ley también establece la obligación del Estado de promover y respetar los derechos humanos de todos y crear las condiciones para el empoderamiento y la justiciabilidad necesarias para el ejercicio de esos derechos.

La ley creó un mecanismo de Alerta Temprana para identificar amenazas contra defensores de derechos humanos y el deber de las autoridades públicas de proteger a quienes se encuentran amenazados. También estableció el Sistema Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia como el locus de coordinación institucional para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos en las políticas públicas y para identificar, coordinar e implementar medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo. El órgano ejecutivo de decisión del Sistema es la Dirección General, que forma parte del Ministerio de Derechos Humanos, Justicia, Gobernanza y Descentralización, que en 2018 pasó a ser un Ministerio de Derechos Humanos independiente. El órgano consultivo del Sistema es el Consejo, en el que la ley exige la participación de una amplia gama de actores institucionales. El Consejo también incluye dos representantes de la sociedad civil.

La creación del Sistema prometió mejorar el reconocimiento de los defensores de derechos humanos en Honduras y comprometer a las agencias gubernamentales con su protección efectiva. Sin embargo, como observó el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 2019, la efectividad de las medidas de protección a menudo está en duda y existe una desconfianza comprensible de los defensores de derechos humanos hacia quienes brindan protección:

“Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras con los que se reunió el Relator Especial expresaron una profunda desconfianza en el mecanismo nacional de protección y en concreto en las mencionadas respuestas de protección de tipo policial. Las personas defensoras siguen identificando a la Policía Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas como los principales autores de las violaciones de derechos humanos y de los ataques contra los defensores. Por tanto, les resulta difícil confiar en que, en el marco de medidas de protección del mecanismo, agentes de estas instituciones los puedan proteger” (Consejo de Derechos Humanos, 2019: 62).