2018-2022 Criminalización y detención de defensores y defensoras de derechos ambientales del CMDBCP

La criminalización y detención injustificada de defensores de derechos humanos en Honduras ha sido ampliamente documentada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (CIDH, 2019: párr.306; Declaración al final de la visita a Honduras del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, 2019). Esto incluye la manipulación del sistema judicial para emprender investigaciones penales injustificadas, obtener órdenes de arresto infundadas y mantener a los activistas en prisión durante años como parte de procedimientos judiciales injustos, a menudo en prisión preventiva. Creado en 2017 para combatir la corrupción y el crimen organizado, el sistema de la Jurisdición Nacional, que es menos independiente que el sistema de justicia penal ordinaria (OEA MACCIH, 2019), está desempeñando irónicamente un papel importante en el uso faccional del sistema de justicia para servir intereses económicos poderosos para criminalizar a los movimientos de base que se oponen a los proyectos extractivos. El caso ASP1 y ASP2 ilustra cómo este proceso de criminalización no solo busca desacreditar demandas sociales legítimas, sino que también expone a los defensores de derechos humanos a detenciones prolongadas y obliga a los movimientos a dedicar sus energías a impugnar procesos judiciales enredados y arbitrarios. La Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia documentó muchos de estos abusos e irregularidades en su informe: “Monitoreo previo al juicio de la comunidad de Guapinol y San Pedro” (UVA, 2020). 

La criminalización de activistas ambientales que se oponen al proyecto minero ASP1 y ASP2 comenzó en octubre de 2018 cuando un juez de la Jurisdicción Nacional en La Ceiba emitió una orden de captura de 18 simpatizantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Los delitos menores de “usurpación), “daños” y “usurpación de un espacio público” se derivaron de una denuncia de Inversiones Los Pinares (ILP) presentada ante el Ministerio Público de Tocoa a principios de septiembre de 2018 en relación con la Campamento por el Agua y la Vida que el CMDBCP había montado para protestar contra la mina. La orden también sirvió para dictar la orden de desalojo contra este campamento de protesta (Ver Acción Legal “2018 Desalojo de campamento de protesta”).

En febrero de 2019, 13 de los defensores ambientales de la CMDBCP imputados se presentaron voluntariamente ante la Audiencia Nacional en La Ceiba, impugnando las pruebas en su contra y la aplicación de la Jurisdicción Nacional sobre delitos comunes.

Sin embargo, durante la audiencia el juez reveló que el Ministerio Público había solicitado una segunda orden de aprehensión en enero de 2019 contra 31 miembros de la comunidad (incluidos 12 de los presentes). Esto se relacionó con una denuncia del ILP sobre un incidente el 7 de septiembre de 2018 cerca del Campamento CMDBCP por el Agua y la Vida cuando un manifestante había sido herido a tiros presuntamente por un oficial de seguridad del ILP y un vehículo y propriedad de la empresa habían sufrido daños. El mismo incidente también había llevado a la CMDBCP a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero no se había tomado ninguna acción para llevar ante la justicia al guardia de seguridad del ILP (UVA, 2020: 13). En cambio, el juez presentó la acusación no previamente revelada durante la audiencia para acusar a los 12 activistas de los delitos penales de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo”, y lo más importante, “asociación ilícita. Este último delito se inscribe en la jurisdicción de la delincuencia organizada de la Jurisdiction Nacional y, junto con la alegación infundada del fiscal de que los CMDBCP era una banda criminal, sirvió como justificación para que el juez de Jurisdicción Nacional ejerciera competencia en el proceso y emitiera la decisión de imponer la prisión preventiva a los 12 imputados.

En marzo de 2019, en audiencias preliminares, otro juez de la Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa desestimó ambas acusaciones contra los 12 detenidos. Declaró que los fiscales y el ILP no habían aportado pruebas suficientes de los delitos ni prueba de la responsabilidad de los imputados, y que la CMDBCP estaba realizando actividades legítimas de protesta en un conflicto social. Los 12 activistas fueron liberados de prisión.

Sin embargo, el ministerio publico y el ILP apelaron la decisión del juez. En marzo de 2020, la Corte de Apelaciones decidió restablecer parcialmente la acusación desestimada contra cinco activistas de CMDBCP. Esto incluyó cargos de privación injusta de la libertad e incendio agravado, y la suspensión provisional del cargo de robo y sobreseimiento del cargo de asociación ilícita. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Apelaciones no fue comunicada a la defensa legal de la CMDBCP hasta finales de agosto de 2020.

En agosto de 2019, siete activistas diferentes de la CMDBCP nombrados en la segunda orden de arresto se presentaron ante las autoridades judiciales en busca de un sobreseimiento similar a la decisión tomada en marzo de 2019. Como ilustración de la falta de confiabilidad de las pruebas de la acusación, portaban un ataúd que representaba a uno de los hombres nombrado en la orden que de hecho había muerto tres años antes de los presuntos delitos. Sin embargo, una nueva jueza admitió las afirmaciones no investigadas de un oficial de seguridad del ILP como evidencia adicional y desestimó las pruebas de la defensa. Este último incluyó argumentos de que los fiscales no habían identificado la actividad delictiva particular de los acusados ​​como lo exige la ley ni habían reconocido la confirmación oficial de que la CMDBCP estaba involucrada en actividades de derechos humanos (Ver Artefacto Legal titulado “2019 El Sistema Nacional de Protección a las y los Defensores de los Derechos Humanos reconoce al CMDBCP como organización de derechos humanos”). La jueza envió a los hombres a juicio por cargos de privación ilegal de libertad e incendio agravado, pero desestimó el cargo de asociación delictiva y robo (UVA 2020: 17). Los delitos restantes quedan fuera de la competencia de la Jurisdicción Nacional y no eran lo suficientemente graves como para merecer la prisión preventiva automática. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2019 la jueza ordenó la prisión preventiva de los siete hombres en el penal de Olanchito, departamento de Altantida (Ver también Artefacto Legal titulada: “2018- Recursos interpuestos contra la criminalización de los defensores ambientales”).

En noviembre de 2019, durante una audiencia de revisión de la orden de prisión preventiva, la jueza de la Jurisdicción Nacional denegó la entrada a observadores internacionales. A pesar de la ausencia de pruebas y de la desestimación por parte de la propia jueza del delito de Asociación Ilícita, la orden de prisión preventiva se mantuvo sobre la base infundada de que los hombres podrían involucrarse de nuevo en el crimen organizado (UVA, 2020: 17).

Un octavo defensor de Guapinol también se encuentra en prisión preventiva. Fue detenido en noviembre de 2018 sobre la base de la primera orden de aprehensión contra los activistas del CMDBCP. En ese momento, era uno de los beneficiarios colectivos de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (ver Artefacto Legal “2014 CIDH medidas cautelares a favor de activistas campesinos”). Estas fueron emitidas en respuesta a amenazas de muerte contra miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA). El 29 de noviembre de 2018 él fue detenido por la unidad policial encargada de su protección del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Estado hondureño. En febrero de 2019 también fue imputado por los cargos derivados de la segunda orden de arresto. En marzo de 2021, un juez lo absolvió de los cargos de usurpación y daño penal de la primera orden, pero permaneció en prisión preventiva en la cárcel de la Ceiba por los cargos de la segunda orden.

Se iniciaron varias acciones legales por parte de los abogados de los ocho defensores de Guapinol para impugnar su detención y enjuiciamiento, pero siete permanecieron en prisión preventiva en la prisión de Olanchito en el departamento de Yoro, cerca de Tocoa y el octavo en el Centro Penal de La Ceiba (Ver Acción Legal titulada “2018-2022 Recursos interpuestos contra la criminalización de los defensores ambientales). En marzo de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (Ver Acción Legal titulado “2021 El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias emitió una opinión sobre los defensores ambientales del CMDBCP detenidos”) concluyó que los ocho hombres eran víctimas de detención arbitraria y pidió su inmediata liberación. El estado no cumplió con la resolución del Grupo de Trabajo. En diciembre de 2021, Amnistía Internacional declaró a los hombres presos de conciencia y pidió su liberación inmediata e incondicional (Amnistía Internacional 2022).

En octubre de 2020, en una prueba más de las amenazas que enfrentan los activistas, un defensor de los derechos humanos fue asesinado a tiros por hombres armados en su casa de Tocoa. Fue una de las 32 personas nombradas en la primera orden de arresto de 2018 contra manifestantes que se oponen a las licencias ASP1 y ASP2 (Business and Human Rights Center 2020).

En febrero de 2022, en medio de la preocupación nacional e internacional por las faltas graves en el procesamiento y juicio penal, la Corte de Trujillo declaró culpables a seis de los ocho detenidos, condenándolos a un total de 110 años de prisión. Sin embargo, a raíz de la elección de un nuevo presidente, los recursos de amparo por la defensa presentados ante la Corte Suprema argumentando que el procesamiento y el juicio no eran legales dieron como resultado que la Corte Suprema anuló a las condenas. A pesar de la resistencia de los funcionarios judiciales locales a este fallo, los últimos seis defensores del agua de Guapinol detenidos fueron liberados a fines de febrero de 2022.