2018 Desalojo de campamento de protesta

El 31 de julio de 2018, luego de las reiteradas negaciones de las autoridades locales y nacionales a atender sus preocupaciones con respecto a las concesiones mineras ASP, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y simpatizantes establecieron un campamento de protesta en el camino de acceso a la mina. El Campamento en Defensa del Agua y la Vida se prolongó durante 88 días, bloqueando el acceso a los vehículos mineros de Inversiones Los Pinares (ILP). Durante este período, agencias gubernamentales participaron en una delegación conjunta a Tocoa, entablando negociaciones con el campamento de la CMDBCP y asumiendo diversos compromisos (ver Artefacto Legal titulado “2018 Memorándum de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras sobre visita del grupo interinstitucional al municipio de Tocoa“).

Sobre la base de una denuncia presentada por ILP ante el Ministerio Público de Tocoa, se abrió una causa penal contra 18 presuntos manifestantes que participaban en el Campamento del CMDBCP por los delitos de usurpación, daño criminal y obstrucción de un espacio público. Pese a que los delitos no recaen en la competencia especial de la Jursidicción Nacional, el juez de la Tribunal Nacional de La Ceiba dictó una orden de detención y orden de desalojo contra el campamento (UVA 2020). 

El 26 de octubre, los abogados de la CMDBCP interpusieron un amparo judicial ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Nacional para detener la orden de desalojo emitida por el Juez de la Corte Nacional de La Ceiba. La petición de medida cautelar fue rechazada.

El 27 de octubre de 2018, al menos 1200 miembros de la policía y el ejército, incluida la policía militarizada especializada conocida como unidades TIGRE, fueron desplegados para desalojar el campamento pacífico. Según testigos, las fuerzas estatales utilizaron balas reales y gases lacrimógenos y los manifestantes fueron golpeados, lo que resultó en varios heridos (ACAFREMIN 2020: 27). Ese mismo día, la CMDBCP presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra policías y militares por los abusos cometidos durante el operativo de desalojo. No se produjo ninguna investigación a raíz de la denuncia (CMDBCP y CCI 2019: 9). 

El 28 de octubre, el CMDBCP y algunos simpatizantes intentaron restablecer el campamento, pero según se informa, algunos miembros del Comité de Vigilancia Permanente de Ceibita (COVIPERCE), el grupo local prominería de Ceibita (una comunidad de Tocoa), les dispararon, mientras la policía observaba. Al menos tres miembros del CMDBCP resultaron heridos. En los días siguientes, los manifestantes bloquearon la carretera principal a Tocoa, lo que provocó nuevos enfrentamientos en los que murieron un miembro de COVIPERCE y dos militares. Las circunstancias de estas muertes no han sido claras, pero no han aparecido en la investigación oficial y los cargos contra los activistas del CMDBCP (Ver Acción Legal titulada “2018- Criminalización y detención de defensores ambientales del CMDBCP”).