2019 ONGs salvadoreñas presentan informe al Examen Periódico Universal de la ONU

En marzo de 2019, la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas – El Salvador (RedCAT) y Franciscans International (FI) presentaron un informe conjunto como contribución de la Organización de la Sociedad Civil al mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En octubre de 2019, RedCAT y FI presentaron el informe a los miembros de las misiones permanentes de los países en la ONU en Ginebra y cabildearon durante las sesiones previas al EPU para alentar a los representantes de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a hacer preguntas específicas sobre derechos humanos al Gobierno salvadoreño durante el examen del EPU e incluir recomendaciones particulares en el informe final del Grupo de Trabajo. En diciembre de 2019, el EPU llevó a cabo su tercer examen del cumplimiento por parte de El Salvador de las obligaciones y recomendaciones internacionales de derechos humanos.

El informe conjunto de las ONG destacó la vulnerabilidad particular de los recursos hídricos de El Salvador, la falta de mecanismos jurídicos adecuados en El Salvador para proteger el derecho de los ciudadanos al agua o para implementar la prohibición de la minería metálica de 2017. El informe también destacó la amenaza que representan las operaciones mineras en Honduras y Guatemala, en particular la mina Cerro Blanco, para el principal suministro de agua de El Salvador, el río Lempa.

RedCAT y Franciscans International recomendaron nuevas medidas legislativas y administrativas para mejorar la calidad, protección y gestión de los recursos hídricos en El Salvador y la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. En particular, instaron a la cooperación con los países vecinos, especialmente a los avances en el establecimiento de un Tratado de Aguas Transfronterizas con Guatemala y Honduras. En marzo de 2020, el Consejo de Derechos Humanos adoptó el informe final del Grupo de Trabajo del EPU que incluía una serie de recomendaciones hechas a El Salvador como parte del proceso de revisión por pares del Estado. Esto incluyó las siguientes recomendaciones:

“Reconocer en la legislación el derecho al agua y al saneamiento y adoptar medidas efectivas para mejorar la calidad y cantidad del agua, particularmente en las zonas fronterizas”; y “Tomar las acciones legales y las políticas necesarias para garantizar el derecho al agua potable y el saneamiento y para combatir la contaminación de los recursos hídricos, incluso en el contexto de la minería” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020).