En 2007, la ONG Colectivo Madreselva inició un recurso de amparo contra el Presidente de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La ONG impugnó la aprobación por parte del gobierno de las licencias de explotación minera para el proyecto de la Mina Marlin sobre la base de que violó el derecho a la defensa, el requisito de consultar con los pueblos indígenas, los derechos a la vida, la salud y un medio ambiente sano, el derecho a la protección de la persona, y no tuvo en cuenta las evaluaciones ambientales ni garantizó los derechos al debido proceso. La Corte desestimó la petición de amparo sobre la base de que, entre otros, las licencias impugnadas fueron emitidas de conformidad con la Ley General de Minería (Corte de Constitucionalidad, 2008).
Corte de Constitucionalidad, Expediente 123-2007, 9 de enero de 2008, en línea: https://gt.vlex.com/vid/-423775230, consultado el 10 de febrero de 2021.