2014-2017 Denuncias penales contra el Alcalde de San Miguel Ixtahuacán

En enero de 2014, el Frente de Defensa de San Miguel Ixtahuacán (FREDEMI) y la Asociación Jurídica Pluricultural de Guatemala (PLURIJUR) interpusieron una denuncia penal contra el Alcalde de San Miguel Ixtahuacán, Ovidio Joel Domingo Bámaca, por el delito de servidumbre cometido contra cinco comunidades locales beneficiarias de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Guatemala y Goldcorp Inc. (y su subsidiaria de propiedad total, Montana Exploradora de Guatemala, SA) en relación con la explotación de la Mina Marlin (No a la Mina, 2014). Estas medidas requirieron que Guatemala tomara medidas para asegurar que las comunidades afectadas tengan acceso a agua potable segura (Ver Acción Legal titulada “2007 Petición y medidas cautelares de la CIDH sobre la autorización de la mina Marlin y las comunidades mayas” para obtener más detalles).

Para cumplir con estas medidas, el Alcalde exhortó a que los miembros de la comunidad, entre otros aspectos: (1) proporcionen mano de obra gratuita para la construcción de la infraestructura requerida; (2) proporcionen mano de obra gratuita para extraer, sin consulta previa, los recursos naturales con el fin de construir la infraestructura; y (3) paguen los derechos de paso por los terrenos en los que se construyó la infraestructura. Los denunciantes alegaron que estos requisitos violaron la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Penal de Guatemala.

Esta acción fue una de las tres emprendidas por FREDEMI y PLURIJUR contra el Alcalde, de las cuales una fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, la otra incluyó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en materia del derecho penal en el periodo de la instrucción y la tercera fue asignado a un juez (Plurijur, 2015). La decisión relativa al recurso de amparo fue dictada en febrero de 2017, y desestimó la petición (Corte de Constitucionalidad, 2017).