En octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de país sobre Honduras. El informe se basó en una visita de campo a Honduras en 2018 para recopilar pruebas sobre la situación de los derechos humanos. El informe documenta una amplia gama de violaciones a los derechos humanos y fallas de las instituciones públicas en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. La CIDH planteó una serie de serias preocupaciones en relación con el impacto de los proyectos mineros en los derechos humanos, la falta de procesos de consulta adecuados con las comunidades afectadas y los ataques y la criminalización de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
En concreto, la CIDH expresó su preocupación por el proyecto minero ASP y ASP2 y la criminalización y amenazas contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos que se oponen al proyecto:
“La Comisión recibió información sobre el agravamiento del conflicto relacionado con la implementación del proyecto minero gestionado por la empresa Inversiones Los Pinares en el sector conocido como El Guapinol, en el municipio de Tocoa. A lo largo de 2018, líderes y miembros de las comunidades locales afectadas por el proyecto expresaron su rechazo al proyecto, así como solicitaron la revisión de la concesión y consultas con la población. Además, se informó que se instaló un campamento en octubre de 2018 para bloquear el acceso a la concesión minera, lo que habría intensificado el hostigamiento y la criminalización de líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. Como resultado de esta situación, miembros del Comité Municipal de Defensa del Bienes Comunes de Tocoa fueron desplazados forzosamente”. (CIDH, 2019: párr.306)
La CIDH también señaló el creciente uso indebido del sistema de justicia penal contra los activistas sociales, que es particularmente relevante en el caso de los miembros criminalizados de los defensores ambientales del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) (Ver Acción Legal titulada "2018- Criminalización y detención de los defensores y las defensoras de los derechos ambientales del CMDBCP"):
“La información recopilada durante la visita indica que los jueces y fiscales de la jurisdicción nacional han ampliado sus atribuciones para incluir asuntos de “alto impacto” que excederían los casos contemplados de conformidad con la Ley, habiendo intervenido, por ejemplo, en asuntos relacionados con la crisis postelectoral y, más recientemente, en marzo de 2018, asuntos de usurpación. La Comisión está particularmente preocupada por la inclusión del delito de usurpación en esta jurisdicción, ya que la adjudicación de este delito en estos tribunales podría dar lugar a procesamientos de defensores de la tierra y el territorio por estos delitos, y también estigmatizar la labor de los defensores al iniciar procesos judiciales en su contra en una jurisdicción originalmente destinada a delitos de alto impacto cometidos por grupos del crimen organizado”. (CIDH, 2019: Párr.92)
La CIDH concluyó el informe con una serie de recomendaciones al gobierno hondureño, entre ellas evitar el uso de investigaciones judiciales para someter a los defensores de los derechos humanos a procesos penales injustos e infundados (CIDH, 2019: Recomendación 18) e “Iniciar un procedimiento culturalmente adecuado para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, que incorpore las disposiciones del Convenio 169 y las normas internacionales en la materia” (CIDH, 2019: Recomendación 25).
CIDH, "CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras", 3 de octubre de 2019, en línea: https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/245.asp, consultado en 2021