2018 CMDBCP establece campamento de protesta

El 31 de julio de 2018, luego de que la CMDBCP no hubiera recibido respuesta a sus demandas o quejas en nombre de la comunidad de Guapinol con respecto a las inquietudes acerca de que las obras mineras estaban afectando la calidad de la agua del Rio Guapinol que suministra la comunidad, miembros de la comunidad y la CMDBCP establecieron un campamento de protesta en la vía de acceso a los sitios de ASP cerca de La Ceibita. Aproximadamente 400 personas se unieron al campamento conocido como Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida. Se mantuvo diariamente por aproximadamente 100 personas durante 88 días bloqueando el ingreso de vehículos pesados al sitio minero. Entre el 12 y el 15 de agosto de 2018, una Comisión interinstitucional, integrada por representantes del Instituto Hondureño de Geología y Minería (INHGEOMIN), el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (MiAmbiente +), el gobierno del Departamento de Colón, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Conservación, Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se reunió con la CMDBCP en el campamento y se comprometió a atender el conflicto socioambiental. Esto incluyó la promesa de publicar una serie de informes ambientales sobre el proyecto minero, realizar una consulta con la población de Tocoa y establecer mesas de diálogo entre las comunidades y las instituciones. Sin embargo, estas medidas no se implementaron y el campamento continuó. El 7 de septiembre, cuando empleados de Inversiones Los Pinares (ILP) y guardias de seguridad contratada por ILP realizaron obras en la vía de acceso cerca del campamento, se produjo una disputa. Después de la negociación, los trabajadores del ILP se retiraron, pero, según los informes, un oficial de seguridad del ILP disparó e hirió a un manifestante de Guapinol, Rigoberto Bonilla Hernández, frente a testigos. Posteriormente, los manifestantes retuvieron al último contratista de ILP que quedaba en espera de ser entregado a la policía para que investigara el ataque a los manifestantes. También se incendió un automóvil y dos contenedores pertenecientes al ILP. Los manifestantes entregaron al contratista de ILP ileso a la policía, pero esto posteriormente sirvió de pretexto para presentar cargos contra la CMDBCP. Ver Acción Legal titulada, "2018- Criminalización y detención de defensores de derechos ambientales de CMDBCP" para obtener más detalles. El 13 de octubre, miembros de la comunidad de Ceibita formaron el Comité de Vigilancia Permanente de Ceibita (COVIPERCE) para oponerse al campamento de protesta del CMDBCP y en apoyo a la mina. Según los informes, COVIPERCE recibió armas y también trabajó con la empresa de seguridad ILP. El 27 de octubre de 2018, sobre la base de una orden judicial de desalojo, al menos 1200 efectivos de la policía y el ejército, incluidas las unidades especializadas de TIGRE y miembros de COVIPERCE, fueron utilizados para desalojar violentamente el campamento pacífico. Ver Acción Legal titulada "2018 Desalojo de campamento de protesta". Durante este período de tensión, algunos miembros de COVIPERCE habrían incendiado la casa de una simpatizante del CMDBCP en Ceibita, obligándola a huir. La CMDBCP denunció el ataque a sus simpatizantes y solicitó la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para proteger a los defensores de los derechos humanos.