1992-2001 Reformas constitucionales sobre el reconomiento de la pluriculturalidad y los derechos indígenas

Ha habido una larga lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Un logro importante de este movimiento fue la ratificación en 1991 por parte del gobierno mexicano del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1992, se reformó el artículo 4 de la Constitución que reconoce la pluricultural de la nación y protege la cultura y la identidad de sus pueblos indígenas. Sin embargo, como señala la Fundación para el Debido Proceso Legal, nunca se aprobó una legislación para dotar de eficacia jurídica a este principio constitucional (DPLF, 2018: 19).

El levantamiento de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas resultó en negociaciones con el gobierno que, entre otros asuntos, se enfocaron en fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. De estas negociaciones se derivaron los Acuerdos de San Andrés de 1996. En 2001, finalmente el Congreso introdujo reformas a la Constitución sobre los derechos indígenas. La reforma al artículo 2 reafirmó la pluriculturalidad de la nación previamente establecida en las reformas de 1992. Sin embargo, fue más allá al reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, incluido el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación en el marco de las normas constitucionales y el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas como sujetos de interés público así como derechos económicos, sociales y culturales (González Galván, 2010: 350). Este proceso legislativo fue impugnado infructuosamente por las comunidades indígenas por no cumplir con los compromisos de los Acuerdos de San Andrés que contenían derechos más amplios de autonomía y derechos al territorio. No obstante, la reforma aumentó el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en el marco jurídico mexicano.