1992 Ley Minera

La Ley Minera de 1992 y las reformas posteriores establecieron el marco jurídico para facilitar la inversión de capital extranjero en la exploración y explotación de los recursos minerales de la nación.

El artículo 6 establece que “la explotación, exploración y beneficio de los minerales […] son de utilidad pública” y como tal “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno” (Ley Minera, 1992). El artículo 19, establece los derechos de los concesionarios mineros sobre las tierras dentro de la concesión, incluso para expropiarlas, así como derechos preferenciales sobre el agua. En efecto, la ley “privilegia los intereses de los concesionarios mineros por encima de cualquier otro interés que obstruya el desarrollo de esta actividad” (Cravioto, 2019: iv).

Los artículos 9 y 10 establecen que el Servicio Geológico Mexicano es el responsable de realizar los estudios de todo el territorio mexicano en busca de yacimientos y de presentar las posibles concesiones a la Secretaría de Economía para que se abran a concurso a los mexicanos. Solo podrán excluirse de la licitación determinados lotes considerados de utilidad pública o para futuras reservas. Los artículos 13 a 14 definen como “terreno libre” a aquellos en los que se otorgarán concesiones y establezcan procesos de licitación. Esto incluye cuando se cancela o abandona una concesión, que deriva en que la Secretaría de Economía publique una “Declaratoria de libertad de terreno” en el Diario Oficial de la Federación, cuya consecuencia es reabrir el proceso de licitación. Estos artículos no contemplan la protección de las tierras indígenas tal y como se establece en los artículos 2 y 27 de la Constitución mexicana.

En 2005, una reforma a la ley redujo la obligación de los concesionarios de obtener licencias separadas para las etapas de exploración y explotación, a la obligación de obtener un solo permiso para ambas etapas. También amplió la duración de las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarlas por otros 50 años (CDHM Tlachinollan, 2021: 17).

En el estado de Guerrero, entre 2005 y 2014, la cantidad de concesiones mineras otorgadas pasó de 417 a 868, de 6% del territorio estatal a 22,6% (CDHM Tlachinollan, 2021: 33). En 2020, había 673 concesiones mineras vigentes en el estado, que abarcaban 883.999 hectáreas; 221 habían sido canceladas y otras 98 solicitadas. En la región de la Costa-Montaña había 41 concesiones, de las cuales 15 estaban activas, 17 habían sido canceladas y dos estaban solicitadas (ibid: 34).

En 2019, había más de 27.000 concesiones mineras en México que cubrían el 11% del territorio nacional. En 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró que no otorgaría nuevas concesiones mientras se revisara el sector minero (Aristegui Noticias, 2019), pero también creó la Policía Minera, un cuerpo policial federal de élite encargado de proteger los intereses mineros de las empresas nacionales e internacionales (Olivera, 2020). En 2021, el presidente amenazó con cancelar las concesiones con empresas extranjeras que supuestamente no pagaban los impuestos requeridos por sus actividades (El País, 2021). Las concesiones mineras vigentes continúan en funcionamiento.