1996-2017 Leyes generales de minería de El Salvador y sus enmiendas
El marco legislativo actual para las operaciones mineras en El Salvador, incluidas las que son propiedad de empresas transnacionales, comenzó con la promulgación de la Ley de Minería en 1996, cuatro años después del final de una guerra civil de 12 años (OCMAL et al., s.f.). En 2001, esta ley fue modificada para, entre otros aspectos, reducir el nivel de las tasas de regalías que debían pagar las empresas mineras del 4% al 2% de los beneficios de la explotación de minerales, destinando un 1% al municipio en el que se realiza la operación y un 1% al Estado (Alterinfos América Latina, 2006).
Después de la promulgación de la Ley de Minería, se promulgaron varias leyes que establecían normas ambientales para diversos proyectos de desarrollo, incluidas las operaciones mineras. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Medio Ambiente, aprobada en 1998 y modificada en 2007, y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, aprobada en 2011 (OCMAL et al.). En 2004, El Salvador suscribió el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA), que rige las relaciones de comercio exterior e inversión entre Estados Unidos y El Salvador, así como con otros países centroamericanos y República Dominicana (SICE-OEA) (Ver la Acción Legal denominada “2006-2016 Arbitraje Internacional en materia de Inversiones de Pacific Rim contra El Salvador“, para obtener información relacionada con un arbitraje iniciado en virtud del DR-CAFTA contra El Salvador en relación con la autorización de concesiones mineras).
La Ley de Minería clasificó los yacimientos minerales entre metálicos y no metálicos, y otorgó al Estado la facultad de otorgar licencias o concesiones de exploración y explotación a las entidades que pretendan extraer estos minerales. Esta ley funciona en conjunto con la Ley del Medio Ambiente, que establece criterios para la regulación y gestión del uso del suelo y, al formular los planes de desarrollo, obliga al gobierno central y a las municipalidades a seguir los lineamientos emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Estos lineamientos también deben seguirse cuando estas autoridades otorguen permisos para el establecimiento de industrias y actividades comerciales (entre otras) que impliquen riesgos para la salud, el bienestar humano y el medio ambiente (OCMAL, et al.). Además, la Ley de Medio Ambiente regula los procedimientos para las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y exige la consulta pública antes de la aprobación de las EIA (Ibid). Para más información sobre el marco normativo para la aprobación de concesiones mineras, ver “Legislación Minera en el Derecho Comparado: Los casos de Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y El Salvador” al que se hace referencia a continuación.
En el contexto del proyecto minero El Dorado, los “procesos de retroalimentación pública y consulta comunitaria” previstos en la Ley de Minería y su reglamento fueron criticados por brindar a las comunidades solo “diez días para responder a [una] única copia de un complejo y confuso informe [de EIA] de 1400 páginas” (Spalding, 2014).
Además, entre septiembre de 2005 y febrero de 2008, representantes del gobierno, de ARENA y de Pacific Rim El Salvador, una subsidiaria salvadoreña de propiedad absoluta de Pacific Rim Mining Corporation, se reunieron para debatir en torno a las modificaciones a la Ley de Minería. Las modificaciones propuestas estaban relacionadas con los requisitos legislativos para el consentimiento de las “tierras superficiales” antes de que una empresa reciba la aprobación para la minería subterránea. Este requisito impedía a la empresa pasar a la fase de explotación del proyecto El Dorado. La posición de la empresa era que no era coherente con las prácticas en materia de propiedad consagradas en el sistema jurídico salvadoreño. Las propuestas de modificación se presentaron a una Comisión Mixta de Medio Ambiente y Economía de la Asamblea Legislativa en noviembre de 2007. En enero de 2008 se creó una nueva comisión para revisar el proyecto de modificaciones, recibir los aportes de las partes interesadas y formular recomendaciones a la Asamblea Legislativa. Finalmente, las modificaciones propuestas, incluida la redacción específica propuesta por la empresa, fueron rechazadas por la Asamblea Legislativa (Laudo del CIADI, párrafos 6.53-6.124. Ver también IISD, 2017 y Broad, 2015).
En 2009, la empresa inició un procedimiento de arbitraje internacional en materia de inversiones contra El Salvador por daños y perjuicios derivados de supuestos retrasos en la autorización de licencias de explotación y, lo que la empresa caracterizó como, una moratoria ilegítima de facto sobre la minería. El arbitraje fue desestimado en 2016, y la empresa fue condenada a pagar los costos judiciales de El Salvador por un valor de 8 millones de dólares (Ver la Acción Legal denominada “2006-2016 Arbitraje internacional en materia de Inversiones de Pacific Rim contra El Salvador“, para obtener más información).
En 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Esta ley derogó todas las disposiciones de la Ley de Minería relacionadas con la minería metálica (el país, 2017). Ver la Acción Legal denominada “2017 El Salvador aprueba prohibición legislativa a la Minería Metálica” para obtener más información.
Alterinfos América Latina, “EL SALVADOR – Movilizaciones contra la Explotación Minera (por Comunicación Social para la Democracia – CSD)”, 9 de agosto de 2006, en línea: http://www.alterinfos.org/spip.php?article483, consultado el 23 de noviembre de 2021.
Award, Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12, 14 de octubre de 2016, párrafos 6.53-6.124, en línea: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7640_0.pdf, consultado el 23 de noviembre de 2021.
Broad, Robin (2015) ‘Corporate Bias in the World Bank Group’s International Centre for Settlement of Investment Disputes: A Case Study of a Global Mining Corporation Suing El Salvador’, University of Pennsylvania Journal of International Law 36(4): 851–874
Foreign Trade Information System (SICE) (OAS), “Trade Policy Developments: Central America – Dominican Republic – United States”, en línea: http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/USA_CAFTA_e.ASP, consultado el 23 de noviembre de 2021.
International Institute for Sustainable Development (IISD), “Pac Rim v. El Salvador: all claims dismissed; OceanaGold to pay US$8 million in costs”, 13 de marzo de 2017, en línea: https://www.iisd.org/itn/en/2017/03/13/all-claims-dismissed-oceanagold-to-pay-usd-8-million-in-costs-pac-rim-cayman-llc-v-el-salvador-icsid-case-no-arb-09-12/, consultado el 23 de noviembre de 2021.
El País de El Salvador, “El Salvador le dijo NO a la minería metálica”, 31 de marzo de 2017, en línea: http://elpais.com.sv/salvador-le-dijo-no-la-mineria-metalica/, consultado el 23 de noviembre de 2021.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) et al. (s.f.), “Legislación Minera en el Derecho Comparado: Los casos de Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y El Salvador”, en línea: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/03/Derecho_comparado_OCMAL.pdf, consultado el 23 de noviembre de 2021.
Spalding, Rose (2014) “After CAFTA: Anti-Mining Movements, Investment Disputes, and New Organizational Territory” In Contesting Trade in Central America: Market Reforms and Resistance (Austin: University of Texas Press).