1997-2015 Leyes mineras de Guatemala y sus modificaciones [Marlin]

La industria minera en Guatemala se rige, entre otros, por la Ley General de Minería, que fue aprobada inicialmente en 1997, luego de un proceso de paz que puso fin al conflicto interno de 1960-1996. Algunos grupos legales y de la sociedad civil guatemaltecos la criticaron por crear una tasa de regalías baja del 1% y no establecer un procedimiento sólido en relación con los requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental y los mecanismos de consulta para las comunidades directamente afectadas. También se criticaron las incongruencias entre los requisitos de la Ley de Protección Ambiental y el proceso de aprobación de licencias mineras de la Ley General de Minería.

En 2006, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso preparó un proyecto de reforma a la Ley de Minería. Inicialmente, las modificaciones contemplaban prohibir a las empresas presentar evaluaciones de impacto ambiental fragmentadas o parciales que solo informaran sobre el impacto de partes o fases de un proyecto, en lugar del proyecto en su totalidad. Esta cuestión se planteó en el contexto de los procesos de aprobación de licencias para el proyecto Cerro Blanco y las preocupaciones de que el impacto ambiental del proyecto no se consideró adecuadamente. Sin embargo, las últimas reformas propuestas no hacían referencia a esta clase de evaluaciones fragmentadas. No se contemplaron los requisitos para los estudios ambientales, aparte de que debían presentarse estudios de mitigación pero no debían ser aprobados para que se considerara la licencia.

En 2012/2013 se realizaron nuevas modificaciones, luego de una moratoria de cuatro años sobre la minería derivada de un recurso de inconstitucionalidad exitoso en 2008. Estas modificaciones fueron parte de un paquete de reforma constitucional más amplio y pretendían permitir que el Estado se convierta en accionista de todas las empresas extractivas de recursos naturales. El proyecto de ley fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad luego de un segundo amparo en 2012 relacionado con presuntas violaciones al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en materia de actividades mineras (ver Acción Legal titulada “2008-2013 Recursos de inconstitucionalidad contra leyes mineras guatemaltecas [Marlin]“, para obtener más detalles). También en 2012, el gobierno guatemalteco celebró un acuerdo con las empresas mineras para establecer un proceso de pago de “regalías voluntarias” por encima de las exigidas por la ley.

En 2014, el gobierno guatemalteco buscó aumentar la tasa de regalía minera obligatoria del 1% al 10%. Los grupos industriales se opusieron a este aumento porque corría el riesgo de dañar el atractivo de Guatemala para los inversionistas de la industria extractiva. El aumento fue nuevamente impugnado en la Corte de Constitucionalidad en una petición de amparo interpuesta, entre otros, por la Cámara de Agricultura, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el jefe del Bloque Legislativo del Congreso del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Cámara de Industrias y el alcalde del municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos (ubicación de la Mina Marlin). El amparo fue concedido en septiembre de 2015, declarando inconstitucional el aumento de las regalías.