2005-2017 Criminalización y violencia contra manifestantes y opositores a la minería [Marlin]

Desde su inicio, el proyecto de la mina Marlin se ha asociado con varios incidentes de violencia contra manifestantes ambientales y opositores a las minas, así como una tendencia general hacia una creciente criminalización por parte del Estado guatemalteco, con altas incidencias de arrestos, detenciones, vigilancia y amenazas contra manifestantes y opositores a la minería.

Un ejemplo destacado es el de ocho mujeres mayas Mam que, en 2008, fueron objeto de órdenes de detención emitidas en su contra “por cargos relacionados con el corte de líneas eléctricas que conducen a la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala” (JCAP, 2016). Las órdenes de detención se emitieron después de múltiples intentos de una mujer para retirar las líneas eléctricas de su propiedad, que, según ella, se instalaron sin consentimiento o potestad jurídica. Estos esfuerzos incluyeron denuncias ante el Procurador de los Derechos Humanos y la Fiscalía General, así como quejas ante organizaciones internacionales de derechos humanos (MacLeod, 2017). Según una investigación realizada por Morna MacLeod, en un ocasión, “se enviaron cien policías para acompañar a los trabajadores de la mina a reparar” estructuras asociadas con la línea eléctrica. En otra ocasión la policía estuvo acompañada de militares (Ibid). En última instancia, se ordenó a la empresa que retirara los cables eléctricos de la propiedad de la mujer (JCAP, 2016). Las órdenes de detención también fueron revocadas debido a los conocimientos jurídicos y el apoyo brindado por una organización de mujeres indígenas, llamada Tz’ununija’ (Macleod, 2017).

Otro ejemplo significativo ocurrió en enero de 2005, durante un conflicto violento entre manifestantes que estaban bloqueando una carretera para evitar el paso de equipos mineros para el proyecto de la Mina Marlin. Previamente se les había informado que los equipos estaban siendo transportados para ayudar con la construcción de un puente. Las tensiones entre los miembros de la comunidad y los funcionarios estatales y de empresas aumentaron en el transcurso de un mes, hasta que más de mil miembros de la Policía Especial y Militar fueron enviados “para castigar” a los participantes en el bloqueo (Sibrián y va der Borgh, 2014).

En términos más generales, en mayo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una nota informativa de prensa en la que expresaba su preocupación “por lo que parece ser un clima de deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala”, señalando que en los 10 días previos a la nota informativa, “tres defensores de los derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos indígenas y campesinos fueron asesinados”.

Para obtener una descripción detallada de las incidencias de violencia y criminalización asociadas con el proyecto de la mina Marlin, consulte “The ‘Canada Brand’: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America”, elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa.