2005 Denuncia ante la CAO contra el proyecto de la mina Marlin por parte de los residentes de Sipacapa

En marzo de 2005, los habitantes del municipio de Sipacapa presentaron una denuncia ante La Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas independiente de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). La CAO rinde cuentas directamente al Presidente del Grupo del Banco Mundial y facilita las denuncias relacionadas con proyectos financiados por estas organizaciones.

La queja pidió la revocación del préstamo de la CFI al proyecto de la mina Marlin por las siguientes razones: (1) la demanda de agua de la mina negará el acceso de las comunidades a sus suministros de agua, (2) la mina utilizará métodos de procesamiento inseguros que contaminarán el medio ambiente y los suministros de agua utilizados por los pueblos de aguas abajo, (3) los derechos de los pueblos indígenas han sido violados como resultado la falta de consulta sobre el desarrollo propuesto y sus impactos ambientales y sociales, y (4) la presencia de la mina está ocasionando conflictos sociales, violencia e inseguridad. Como parte de su investigación, la CAO visitó el sitio del proyecto, entrevistó a los denunciantes, otros grupos locales, líderes nacionales e internacionales de la sociedad civil, y revisó documentos de la CFI y Montana Exploradora de Guatemala, SA, la subsidiaria totalmente propiedad de Goldcorp Inc., entre otros.

En septiembre de 2005, la CAO determinó que “no es probable que el proyecto afecte significativamente a la población de Sipacapa” y agregó que existe “un espacio legítimo considerable para que tanto la empresa como los reclamantes reflexionen sobre el curso apropiado para resolver la controversia actual”. En este sentido, la CAO formuló una serie de recomendaciones relacionadas con la “mayor participación de la población local en las decisiones prospectivas relacionadas con la exploración futura, las regalías, el monitoreo ambiental y la distribución de beneficios”, que consideró un “[paso] constructivo para promover la resolución de controversias” (Evaluación de la CAO, 2005).