2006 Moratoria de facto a la minería impuesta por sucesivos gobiernos salvadoreños

En 2006, el gobierno salvadoreño, encabezado por el partido tradicionalmente pro-empresarial, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), impuso una moratoria “de facto” sobre todas las concesiones mineras en El Salvador. Si bien no se expresó en ningún documento o política formal, la moratoria estaba implícita en el hecho de que el gobierno nunca otorgó a Pacific Rim Mining Corporation una licencia de explotación o, en realidad, ninguna otra concesión de exploración a otras empresas. La moratoria de facto fue confirmada por el presidente Elías Antonio Saca (ARENA) en 2008 (IIDS, 2017; Broad, 2015). Cabe destacar que esta confirmación pública se realizó en el período previo a las elecciones presidenciales de 2009, que fueron ganadas por el partido político tradicionalmente de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El FMLN también avaló la moratoria de facto durante la campaña electoral (Montoya, 2021). Como reacción a la ausencia de respuesta con respecto a la licencia de explotación solicitada para el proyecto El Dorado, en 2009 Pacific Rim inició un arbitraje internacional de inversión contra El Salvador por supuestos daños de US$ 314 millones (IISD, 2017) (Ver Acción Legal denominada 2006-2016 Arbitraje Internacional en materia de Inversiones de Pacific Rim contra El Salvador para obtener más información).

En 2012, el FMLN elaboró su propia propuesta legislativa [la segunda] basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del sector minero que el gobierno había encargado a la empresa española TAU Consultores. La evaluación de esta firma destacó los riesgos de la minería para El Salvador dadas las condiciones jurídicas, institucionales, ambientales y sociales de ese entonces e indicó que la prohibición de la minería parecía un paso prudente, al menos hasta que se revirtiesen esas condiciones. La propuesta del FMLN, denominada Ley Especial para la Suspensión de Procedimientos Administrativos Relacionados con la Minería, tenía como objetivo consolidar la moratoria a las concesiones mineras de manera indefinida. Sin embargo, la propuesta nunca fue discutida por la Asamblea Legislativa y encontró una fuerte oposición de la coalición de organizaciones de la sociedad civil, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador (Mesa Nacional), que consideró que dejaba abierta la posibilidad de desarrollar la minería en el futuro con un gobierno que no fuera tan cauto en lo que se refiere a los impactos de la extracción. Este proyecto de ley de 2012 se consideró un paso atrás con respecto a la propuesta legislativa para prohibir por completo la minería metálica que había sido preparada en 2010 por la Mesa Nacional en colaboración con aliados del FMLN (Spalding, 2014). En ese momento, el líder del partido FMLN y presidente de El Salvador se comprometió a firmar la prohibición legislativa si se aprobaba en la Asamblea Legislativa (Ibíd.; Ver también la Acción Legal denominada 2006-2017 La Mesa Nacional redacta y propone prohibiciones legislativas iniciales a la minería metálica para obtener más información sobre las iniciativas ciudadanas de redacción de leyes).

Antes de 2013, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), un partido conservador y pro-empresarial, volvió a realizar esfuerzos para una reforma legislativa (Nadelman, 2015). Las reformas propuestas tenían como objetivo restaurar la minería en El Salvador. Tanto los intentos de reforma legislativa del PCN como del FMLN se encontraron con la oposición de los otros partidos y de los opositores a la minería que se mantuvieron firmes en su búsqueda de una prohibición de la minería (Montoya, 2021).