2007 Municipios declaran territorios libres de minería [San Martín]

Entre 2013 y 2015, aproximadamente 20 municipios de Honduras se declararon “territorios libres de minería” mediante la celebración de cabildos abiertos en los que las comunidades votaron sobre la posibilidad de permitir las operaciones mineras en sus lugares de residencia. Estos municipios fueron, entre otros, Sabá y Balfate en Colón; Danlí y Teupasenti en El Paraíso; El Negrito, El Progreso y Yorito en Yoro; Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa y Olancho en Olancho; Santa Barabara, Sán Nicolás, Atima, Colinas y San Francisco de Ojuera en Santa Barbara; Chinaclas y San José de la Paz en La Paz; Belén Gualcho en Ocotepeque; y Jesús de Otoro en Intibuca. Estos tipos de cabildos abiertos se remontan a antes de 2013, cuando se celebró por primera vez en Santa Bárbara en 2007 y nuevamente en 2013 (ver Upside Down World, 2015). En algunos casos, la declaración fue precedida por importantes manifestaciones. Por ejemplo, en El Negrito, se llevó a cabo “después de una movilización de 10.000 personas” (Middeldorp, 2014: 111).

En algunas comunidades, el proceso para llevar a cabo un referéndum sobre minería comienza con capacitaciones. Los encuentros pueden “durar varios días”, durante los cuales los representantes de la comunidad aprenden, entre otros aspectos, “sobre el surgimiento del modelo extractivista en 1998; la historia del movimiento contra la minería; la legislación minera; los impactos de la minería; la complicidad del Estado y la parcialidad del INHGEOMIN (Instituto Hondureño de Geología y Minas); la expansión china en Honduras; los derechos de los miembros de la comunidad como ciudadanos y cómo bloquear legalmente una mina” (Ibid). La declaración de las comunidades como “territorios libres de minería” se basa, en parte, en el requisito de la Ley de Minería de 2013 de que las comunidades sean consultadas antes de que un proyecto minero pase a la fase de explotación (Ver Acción Legal titulada “Leyes de Minería de Honduras” para obtener más detalles). Según describe Nick Middeldorp, un antropólogo de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen, las declaraciones son “más simbólicas que jurídicas”; porque “las actividades de exploración [que ocurren antes de la fase de explotación] no se pueden impedir jurídicamente con esta declaración”. El procedimiento jurídico para la realización de un cabildo abierto está previsto en la Ley de Municipalidades.

Si bien esta herramienta de cabildo abierto ganó prominencia luego del cierre de la mina San Martín en 2010, el impacto de esta operación minera en el Valle de Siria se utiliza durante las capacitaciones como un ejemplo en el que “la minería se enmarca activamente como una amenaza al derecho a un medio ambiente sano y una amenaza para la vida misma al prestar especial atención a la sustancia del agua” (Ibid). Si los recursos lo permiten, los miembros de la comunidad también pueden visitar el Valle de Siria para hablar con los residentes sobre sus experiencias con la minería (Ibid).

Además de estos referendos públicos a nivel comunitario, también se han tomado acciones legales y políticas en relación con los derechos de las comunidades indígenas y afrohondureñas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, consagrados en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (No. 169), entre otros instrumentos internacionales (Ver Acción Legal titulada “Proyecto de Ley de Consulta Nacional” para obtener más detalles).