2008-2013 Recursos de amparo contra leyes mineras de Guatemala [Marlin]

El 19 de junio de 2008, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucionales siete disposiciones de la Ley de Minería de 1997 por incumplimiento de las leyes ambientales de Guatemala. En particular, el tribunal acordó con el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) que los siguientes aspectos de la Ley de Minería incumplían la obligación del estado de proteger el medio ambiente: (1) la aprobación implícita de la inacción administrativa por más de 30 días en respuesta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental; (2) su permisividad con respecto a la liberación de aguas contaminadas de las actividades mineras; y (3) el requisito de la Ley de Minería de que las empresas mitiguen los residuos y el ruido solo “en la medida de lo posible” (Abate y Aldana, 2015). Este recurso de amparo surgió de conflictos sociales, inquietudes ambientales y la falta de compromiso del gobierno con los representantes de la comunidad en la aprobación y concesión de licencias para el proyecto de la mina Marlin (Human Rights House Foundation, 2012). Sin embargo, la sentencia de la Corte se aplicó ampliamente a todas las operaciones mineras afectadas por las disposiciones impugnadas de la Ley de Minería de 1997, incluido el proyecto Cerro Blanco.

De hecho, luego de esta decisión, el gobierno instituyó una moratoria sobre todas las nuevas licencias mineras hasta que se pudieran realizar modificaciones a la Ley de Minería. La moratoria se levantó en 2012 tras la introducción de modificaciones legislativas por parte del gobierno guatemalteco (ver Acción legal titulada “1997-2015 Leyes mineras guatemaltecas y sus modificaciones [Marlin]” para obtener más detalles). En marzo de 2012, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos Occidentales (CPO) de Guatemala presentó un recurso de amparo contra estas modificaciones, argumentando que la nueva ley violaba sus derechos como pueblos indígenas a ser consultados con respecto a las actividades mineras que impactan sus territorios. La Corte de Constitucionalidad emitió una decisión ratificando la ley de minería en 2013. Algunos grupos consideran que esta decisión es una revocación de una decisión de la Corte de Constitucionalidad de 2011 que declara que los derechos de consulta de los pueblos indígenas están protegidos por la Constitución guatemalteca (ver “2011-2018 Recurso de inconstitucionalidad presentado contra el proyecto de reglamentar procesos de consulta indígena [Marlin]​” para obtener más detalles). En respuesta a la decisión de 2013, el CPO presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver “2013 Petición a CIDH presentada por Consejo de Pueblos Maya y Xinka [Marlin]​” para obtener más detalles).

El CPO representa a las comunidades indígenas mayas en Guatemala. Como tal, sus acciones legales a nivel nacional e internacional tienen un impacto directo en el proyecto de la mina Marlin, ya que los municipios aledaños a la mina (San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa) son “predominantemente mayas (la mayoría de las personas en San Miguel son maya Mam y la mayoría de las personas en Sipacapa son maya Sipakapense)” (MICLA). Sus acciones también se relacionan con los derechos indígenas de manera más amplia, incluidos los de las comunidades indígenas Xinka, que se ven afectadas por el proyecto minero Escobal.