2008-2017 Evaluación de impacto en derechos humanos de Goldcorp

Tras una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la mina Marlin, en 2008, “un grupo de accionistas pidió a Goldcorp que realizara una evaluación de impacto de derechos humanos (EIDH) independiente de la mina” (Yap y Scott, 2010). La empresa creó un comité directivo para supervisar la evaluación, que contrató a On Common Ground Consultants Inc. (“On Common Ground”) para realizar la EIDH (Ibid). En mayo de 2010, On Common Ground presentó un informe de más de 200 páginas, que incluía recomendaciones destacadas en estas categorías: “áreas de infracciones reales”, “problemas heredados”, “áreas de deficiencia”, “impactos positivos”, y “falta de estrategias” (On Common Ground, Resumen ejecutivo, 2010). El informe señaló inquietudes sobre los antecedentes del gobierno guatemalteco en la implementación y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y enfatizó la necesidad de la debida diligencia de la empresa sobre el “contexto del país antes de desarrollar proyectos o adquirir concesiones u operaciones” (Ibid). En particular, On Common Ground esbozó conclusiones en las áreas de consulta, medio ambiente (incluidos los derechos a la salud y el agua), trabajo, adquisición de tierras, inversión económica y social, seguridad y acceso a recursos, y concluyó con las siguientes recomendaciones generales: (1) “se debe abordar la falta de una política integral de derechos humanos”; (2) “deben llevarse a cabo evaluaciones continuas del impacto en los derechos humanos y también deben abordarse las lagunas de información actuales”; (3) “se necesitan medidas para afianzar el respeto de los derechos humanos en todos los niveles de la jerarquía empresarial”; y (4) “se necesitan mecanismos más sólidos de seguimiento, auditoría y presentación de informes” (Yap y Scott, 2010). Goldcorp publicó tres actualizaciones relacionadas con la EIDH en 2010, 2011 y 2017 (Goldcorp Inc.).

Si bien la EIDH fue un proceso interno y voluntario, se comprometió con las normas internacionales de derechos humanos, incluida la evaluación de si la empresa violó estas normas y el alcance de sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional. El proceso es, por tanto, indicativo de los procedimientos cuasi legales adoptados por las empresas ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando operan en países que se considera que tienen mecanismos débiles para la protección y aplicación de los derechos humanos.