2008-2018 Recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de minería de Guatemala [Escobal]

El 19 de junio de 2008, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucionales siete disposiciones de la Ley de Minería de 1997 por incumplimiento de las leyes ambientales de Guatemala. En particular, la Corte acordó con el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) que los siguientes aspectos de la Ley de Minería incumplieron la obligación del estado de proteger el medio ambiente: (1) la aprobación implícita de la inacción administrativa por más de 30 días en respuesta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental; (2) su permisividad con respecto a la liberación de aguas contaminadas de las actividades mineras; y (3) el requisito de la Ley de Minería de que las sociedades mitiguen los residuos y el ruido solo “en la medida de lo posible” (Abate y Aldana, 2015). Este recurso de inconstitucionalidad surgió de conflictos sociales, inquietudes ambientales y la falta de compromiso del gobierno con los representantes de la comunidad en la aprobación y concesión de licencias para el proyecto de la mina Marlin (Human Rights House Foundation, 2012). Sin embargo, las conclusiones de la Corte se aplicaron ampliamente a todas las operaciones afectadas por las disposiciones impugnadas de la Ley de Minería de 1997, incluido el proyecto Cerro Blanco.

De hecho, luego de esta decisión, el gobierno instituyó una moratoria sobre todas las nuevas licencias mineras hasta que se pudieran realizar modificaciones a la Ley de Minería. La moratoria fue levantada en 2012 luego de la introducción de modificaciones legislativas por parte del gobierno de Guatemala (ver Acción Legal “Leyes de minería de Guatemala y sus reformas [Escobal]“). En marzo de 2012, el Consejo de Organizaciones Mayas de los Pueblos Occidentales (CPO) de Guatemala interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra estas modificaciones, y argumentó que la nueva ley violaba sus derechos como pueblos indígenas a ser consultados con respecto a las actividades mineras que impactan sus territorios. La Corte de Constitucionalidad emitió una decisión ratificando la ley de minería en 2013. Algunos grupos consideraron que esta decisión constituía una revocación de una decisión de la Corte de Constitucionalidad de 2011 que declaraba que los derechos de consulta de los pueblos indígenas estaban protegidos por la constitución guatemalteca. En respuesta a la decisión de 2013, el CPO presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“2013 Petición ante la CIDH presentada por el Consejo de los Pueblos Maya y Xinka [Escobal]“).

Si bien el CPO representa a las comunidades indígenas mayas, sus acciones legales tanto a nivel nacional como internacional se relacionan con los derechos indígenas de manera más amplia, incluidos los de la comunidad indígena Xinka en Guatemala. Con respecto al proyecto Escobal, Tahoe Resources Inc. ha negado durante mucho tiempo la presencia de comunidades indígenas en el área del proyecto. La Corte de Constitucionalidad abordó el asunto de los derechos de consulta indígena en septiembre de 2018: rechazó la postura de la compañía y confirmó una decisión de un tribunal inferior que suspendía las licencias mineras de Escobal, pendiente de la consulta inmediata por parte del Ministerio de Energía y Minas a las poblaciones indígenas Xinka locales (Ver Acción Legal “2017 Suspensión judicial de las licencias mineras de Tahoe“).