2011- Comunidades indígenas rechazan la minería en sus territorios

En 2010, las comunidades indígenas Me’phaa y Na Savi en las regiones de La Montaña y Costa Chica de Guerrero comenzaron a observar a forasteros que ingresaban e inspeccionaban sus tierras y a escuchar informes de concesiones otorgadas por las autoridades a empresas internacionales para la exploración y explotación minera en sus territorios.

San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec en la región de La Montaña, es una comunidad agraria indígena de 3800 habitantes, cuyo título colectivo de tierras fue otorgado en reconocimiento a su título ancestral existente sobre las tierras comunitarias y posesiones de la comunidad. Estos se conocen como bienes comunales o bienes comunes de una comunidad agraria. La Ley Agraria de 1992 estableció a la Asamblea General de la comunidad como la persona jurídica responsable de la administración de la comunidad agraria y sus bienes comunales, de acuerdo con sus propios estatutos procesales internos inscritos en el Registro Nacional Agrario (RNA) (Ver la Acción Legal titulada “1992 Ley Agraria https://ilas.sas.ac.uk/es/research-projects/legal-cultures-subsoil/1992-ley-agraria“). El mecanismo para registrar oficialmente la toma de decisiones de la comunidad son las actas estatutarias de la Asamblea General que luego se registran en el RNA, otorgándoles un rango jurídico importante.

En 2011, la comunidad decidió utilizar esta combinación de prácticas consuetudinarias como comunidad indígena con las disposiciones de la ley agraria para registrar oficialmente su rechazo a la minería en su territorio. El 17 de abril, la comunidad celebró una Asamblea General que acordó rechazar la exploración y explotación minera en el territorio de San Miguel del Progreso. La decisión se inscribió ante el RNA, que reconoció oficialmente su registro el 13 de septiembre de 2012 (CDHM Tlachinollan, 2014).

Entre 2012 y 2014, otras 14 comunidades agrarias indígenas Me’phaa y Na Savi y eijdos en estas regiones de Guerrero utilizaron la misma estrategia para oponerse a la minería. Celebraron asambleas cuyas actas estatutarias registraron el rechazo de las comunidades a las concesiones mineras en sus tierras. Sin embargo, al solicitar el registro oficial de las actas de sus asambleas, el RNA rechazó el registro de todas las decisiones comunitarias excepto dos (Zapotitlán Tablas y Zitlaltepec). El RNA se negó a registrar las actas oficiales de las otras 12 decisiones de la Asamblea General sin proporcionar una justificación sustantiva (CDHM Tlachinollan, 2021: 27).

En respuesta, en 2015 las comunidades indígenas que se oponen a la minería en la región de La Montaña desarrollaron una nueva estrategia para asegurar el reconocimiento oficial de su posición. Esto implicó que cada Asamblea General designe a mujeres y hombres de la comunidad para trabajar en comité con representantes del CDHM Tlachinollan y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y acompañados del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de la Tierra (CRAADET ), para proponer modificaciones a los procedimientos internos y estatutos de cada ejido o comunidad agraria. Las modificaciones propuestas fueron luego presentadas y acordadas por la Asamblea General de la comunidad de acuerdo con la Ley Agraria, los derechos de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos comunitarios. Las modificaciones registradas en las actas estatutarias se enfocaron en establecer jurídicamente las normas y controles administrativos propios de la comunidad sobre su territorio y recursos naturales. Esto incluyó la prohibición de la actividad minera en su territorio (CDHM Tlachinollan, 2021: 28).

Al momento de redactar este informe (noviembre de 2021), seis de las 12 comunidades que llevaron a cabo este proceso han logrado asegurar el registro oficial de sus actas estatutarias alterando sus estatutos comunitarios con el RNA. En 2019, la comunidad de San Miguel del Progreso tradujo sus estatutos a la lengua indígena Me’phaa, esto incluyó la prohibición de la comunidad a la actividad minera en su territorio y presentó el documento para su registro ante el RNA.

En 2021, RNA registró oficialmente el estatuto en Me’phaa fortaleciendo así el reconocimiento jurídico del derecho de la comunidad a la lengua y la cultura (para obtener información sobre las asambleas municipales que se oponen a la minería, ver la Acción legal titulada “2016 Cabildos abiertos votan en contra de la minería https://ilas.sas.ac.uk/es/research-projects/legal-cultures-subsoil/2016-cabildos-abiertos-votan-en-contra-de-la-miner%C3%ADa”).