2011– Criminalización de líderes comunitarios que se oponen a la mina Escobal
En 2011, cuando la oposición a la mina Escobal comenzó a desarrollarse en las comunidades locales, hubo protestas pacíficas contra las obras de construcción relacionadas con la minería. Esto tuvo como resultado una serie de denuncias infundadas contra líderes de la oposición, incluidos algunos miembros del recientemente formado Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, así como otros activistas de la comunidad local.
En noviembre de 2011, cinco dirigentes del Comité en Defensa fueron imputados por los delitos de secuestro, hurto y terrorismo en base a una denuncia presentada por el representante legal de la compañía minera, Minera San Rafael. El Ministerio Público finalmente desestimó el caso a solicitud de Minera San Rafael.
En septiembre de 2012, durante las protestas pacíficas frente a la mina, los guardias de seguridad privados que operaban con la policía y el ejército disolvieron la manifestación con violencia y detuvieron al menos a 32 manifestantes. Fueron acusados de incendio premeditado, hurto y terrorismo por el Ministerio Público, y Minera San Rafael fue coactora. Sin embargo, un juez de primera instancia de Cuilapa desestimó el caso y fueron puestos en libertad. Un tribunal de apelaciones ratificó la sentencia y concluyó que el Ministerio Público no había realizado una investigación adecuada.
Entre 2012 y 2015, otros líderes del Parlamento Xinka y del Comité en Defensa también fueron objeto de diversas órdenes de detención por parte del Ministerio Público, principalmente sobre la base de denuncias de empleados de la compañía minera o personas vinculadas.
En 2014, el Comité en Defensa y el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentaron una denuncia penal contra el director canadiense de Tahoe Resources por su rol en la penalización de los líderes comunitarios que protestaban contra la mina. A pesar de que el Ministerio Público abrió oficialmente una investigación y un juez emitió una citación en 2015 para que el director de Tahoe Resources hiciera una declaración en respuesta a la denuncia, no hay información disponible sobre las medidas posteriores que se tomaron para continuar con la investigación (ver Rights Action 2015).
Los líderes del Comité en Defensa, el Parlamento Xinka y otros líderes comunitarios locales que continúan con el movimiento legal y de protesta contra Escobal han enfrentado reiteradas campañas de estigmatización, así como intimidación y amenazas (Ver Acción Legal “2019 CIDH emite medidas cautelares a favor de un abogado del Parlamento Xinka“). No se ha responsabilizado a nadie por los ataques a quienes se resisten a la mina Escobal.
Luis Solano, “Bajo asedio: resistencia pacífica a Tahoe Resources y militarización en Guatemala”, 10 de noviembre de 2015, en línea: https://miningwatch.ca/sites/default/files/solano-underseigereport2015-11-10.pdf, consultado 21 de septiembre de 2021
Rights Action, “El presidente de Tahoe Resources, Kevin McArthur, fue citado a declarar ante un tribunal en Guatemala”, 8 de mayo de 2015, en línea: https://static1.squarespace.com/static/5e333dd15d21eb4f38e57e9d/t/605e359f47f39449e65d645f/1616786847516/15 -05-08.Tahoe.CrimCharge.CEOSummoned.pdf, consultado el 23 de septiembre de 2021
Mining Watch Canadá, “Fiscal de Guatemala cita al Director Ejecutivo de Tahoe Resources a declarar acerca de la penalización de líderes comunitarios”, 17 de octubre de 2014, en línea: https://miningwatch.ca/news/2014/10/17/guatemalan-prosecutor-summons-tahoe-resources-ceo-testify-about-criminalization, consultado el 22 de septiembre de 2021