2011 Visita al país del Relator Especial para los Pueblos Indígenas sobre la situación de sus derechos humanos y las libertades fundamentales
En junio de 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Guatemala por invitación del gobierno luego de que el Relator Especial presentara una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con la mina Marlin. Durante la visita, el Relator Especial se reunió con el Presidente de Guatemala, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Presidencial para la Coordinación de la Política Ejecutiva en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Comisión Presidencial sobre Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y representantes de la Oficina de Defensa de Derechos de las Mujeres Indígenas (DEMI), junto con otros funcionarios gubernamentales de alto rango. El Relator Especial también visitó San Juan Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán y Huehuetenango, donde mantuvo múltiples reuniones con delegaciones de comunidades y organizaciones indígenas, autoridades ancestrales indígenas y autoridades comunitarias y municipales de estas regiones (Informe de Relator Especial, 2011).
En julio de 2011, el Relator Especial emitió un informe en el que se formulaban una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen: (1) que el gobierno de Guatemala desarrolle estudios adicionales sobre los impactos de la mina en la salud y el medio ambiente con miras al cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictadas en 2010 (Ver Acción Legal titulada “2007- Petición y medidas cautelares de la CIDH sobre la autorización de la mina Marlin y las comunidades mayas” para obtener más detalles), (2 ) que cualquier operación futura de la mina se base en un consenso con las comunidades afectadas luego de procesos de consulta que cumplan con las normas internacionales, y (3) que la empresa revise sus acciones legales pendientes a los efectos de crear un clima de confianza con las comunidades en las áreas circundantes del proyecto (Ibid).
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya: Adenda (Misión a Guatemala), 7 de junio de 2011, A/HRC/18/35/Add.3, en línea: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/140/34/PDF/G1114034.pdf?OpenElement, consultado el 16 de febrero de 2021