2012-2013 Decreto para establecer la Reserva de la Biosfera de La Montaña y movilización regional de comunidades indígenas contra la iniciativa

En 2012, el gobierno federal mexicano a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero iniciaron el proceso legal para establecer una Reserva de la Biosfera en la región de La Montaña de Guerrero. Esto implicó tratar de convencer discretamente a algunas comunidades de la región de la Alta Montaña para que aceptaran la propuesta sin brindar información completa sobre sus consecuencias o realizar una consulta abierta con todas las comunidades indígenas afectadas para asegurar su consentimiento libre, previo e informado (CDHM Tlachinollan, 2013): 157).

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente establece la regulación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) previstas mediante decreto presidencial. En teoría, el estatus de ANP brinda protección adicional a las regiones ambientalmente amenazadas. Sin embargo, a medida que las comunidades tomaron conocimiento de la propuesta, aumentaron las preocupaciones porque la ley se centra en el control federal de las ANP y les privaría de su derecho ancestral de continuar de manera autónoma sus prácticas culturas y agrícolas. En efecto, las comunidades creían que el estatus de ANP amenazaba con socavar la Ley Agraria que instituye la agencia colectiva de la asamblea comunitaria frente a la gestión federal del parque (Ibid: 157-168). Detrás de esto estaba la sospecha de que el estatus de Reserva de la Biósfera tenía como principal objetivo permitir el acceso de empresas privadas a la región para explotar recursos y potencialmente limitar o desplazar a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales (CDHM Tlachinollan, 2021: 24).

Como las 13 comunidades directamente afectadas por la propuesta de Declaración de Reserva de la Biosfera, incluida San Miguel del Progreso, también estaban en riesgo de concesiones mineras en su territorio, la amenaza que la Reserva representaba para la vida de las comunidades se hizo evidente. Esto también fue ejemplificado por la forma en que las autoridades intentaron manipular a los miembros de las comunidades para sugerir el consentimiento para la Reserva (CDHM Tlachinollan, 2013: 162-163). Como resultado, las comunidades afectadas comenzaron a organizarse e intercambiar información. En octubre de 2012, se creó el Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio en contra del Proyecto Reserva de la Biosfera y la Minería en La Montaña de Guerrero (CRAADET) para liderar la acción política, inclusive las protestas, para exigir la cancelación de la Reserva propuesta.

El 15 de mayo de 2013, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Guerrero anunció públicamente que la propuesta de declaración para establecer la Reserva se cancelaba debido a la oposición de la comunidad (Ibid: 166).