2011 Cargos penales contra miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS)

En 2011, 17 miembros de la organización de la comunidad local, el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) enfrentaron cargos penales, incluida la obstrucción de un plan de manejo forestal en 2010 en la comunidad de Tepalitos, en el municipio de El Porvenir. En julio de 2011, el portavoz de CAVS, Carlos Amador, y otro activista fueron detenidos temporalmente por estos cargos y luego puestos en libertad bajo fianza que les obligaba a registrarse periódicamente con las autoridades. El caso contra los activistas de CAVS continuó en los tribunales hasta que un juez desestimó los cargos en febrero de 2013 en medio de un intenso escrutinio internacional. CAVS había presentado al menos 25 acciones legales contra los intereses mineros desde 2006.

Los hechos anteriores son parte de una criminalización generalizada de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras, inclusive el uso de amplias disposiciones de terrorismo en el Código Penal contra los activistas ambientales (ACNUDH, 2018) (Ver Acción Legal titulada “2018 Relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos visita Honduras​“, para obtener información relacionada). Estos activistas también experimentan violencia y amenazas de violencia en relación con su trabajo en la protección de los recursos naturales y los derechos territoriales (Ibid). Un ejemplo conocido es la muerte de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, a quien le dispararon fatalmente en su casa en marzo de 2016 después de “una larga batalla contra un proyecto de una represa hidroeléctrica en el territorio sagrado de Lenca” (Guardian, 2018; Lakhani 2020). El juicio penal de las ocho personas acusadas por el asesinato comenzó en septiembre de 2018 y resultó en varias condenas, incluso de un alto funcionario de empresa (Ibid).